Semanas muy movidas en relación a la sequía por parte de las instituciones desde que el pasado 29 de junio el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto por el que se declaraba la situación de sequía prolongada de la demarcación hidrográfica del Duero. Este dotaba a la administración hidráulica de los instrumentos normativos que le permitan proceder a la ordenación y protección de los recursos hídricos de la forma más conveniente para el interés general, facultando a la Confederación Hidrográfica del Duero para adoptar las medidas administrativas necesarias para flexibilizar el régimen concesional de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados.
Esto se sumaba a un Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, entre ellas la del Duero, aprobado el pasado 9 de junio y convalidado esta semana por el Congreso de los Diputados, con tramitación adicional como Proyecto de Ley.
Este Real Decreto-ley incluye determinadas medidas económicas y fiscales, entre ellas la exención de cánones y en la cuota de la tarifa de utilización de agua, que suponen unos 8 millones de euros de ahorro para los regantes afectados en la cuenca del Duero, así como la moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018 (ambos inclusive), así como la posibilidad de actualización de los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios, con carácter excepcional y temporalmente limitado, dentro del ámbito de la propia cuenca.
Préstamo de la Junta
Más allá de esto, en la jornada de este miércoles también se conoció la firma de un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y quince entidades financieras para instrumentar la gestión y el pago de las subvenciones de bonificación de los intereses que generen los préstamos preferenciales que pueden suscribir los titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León.
Estos acuerdos facilitarán a los profesionales del campo la percepción de las ayudas reguladas en la Orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 30 de junio. Esta línea de ayuda contribuye de forma significativa a dotar de liquidez a las explotaciones agrarias al bonificar el 100 % de los intereses a agricultores profesionales, cotizantes a la Seguridad Social agraria y con rentas por actividades agrarias que supongan más del 50 % y que tengan suscrito un seguro agrario, y el 50 % a los que no tengan contratada una póliza. En ambos casos, además, debe existir el compromiso de mantener el seguro agrario los próximos tres años.
Así, se habilitarán préstamos de hasta 40.000 euros, con cinco años de duración, de los cuales uno será de carencia. En este caso, el Estado se hará cargo del 100 % de las garantías y la Junta de Castilla y León del 100 % de los intereses, siempre y cuando el beneficiario sea agricultor profesional y tenga suscrito un seguro. Se abre, además, un plazo hasta el 15 de octubre para que se contrate cualquier tipo de seguro agrario y tener esta consideración a efectos de la cobertura de intereses y garantías. Si no lo tiene, las bonificaciones serán del 50 %, tanto por parte de la Administración autonómica como estatal.
El préstamo puede alcanzar los 80.000 euros para aquellos titulares de explotaciones o miembros de entidades asociativas que realicen su actividad en el ámbito de la producción láctea, porcina, cunícula o de frutas y hortalizas o aquellos otros sectores que pudieran incorporarse en virtud de la orden ministerial. La subvención ha de dedicarse mayoritariamente a amortizar total o parcialmente otros créditos que tenga en vigor el solicitante. Este tipo de préstamos tendrá diez años de amortización, de los cuales uno podrá ser de carencia.
Como novedad, se habilitará una nueva modalidad de préstamo de hasta 60.000 euros con cinco años de duración y dos de carencia, y se incorporarán nuevos sectores como el lúpulo, el viñedo y los cultivos extensivos.
Sistema de prealerta
La Confederación Hidrográfica del Duero también ha constituido la Comisión Permanente para tomar medidas excepcionales, en caso de ser necesarias. Entre ellas figuran las modificaciones temporales de concesiones sobre el dominio público hidráulico –reducción de dotaciones de suministro de agua, variar criterios de prioridad según los usos, imponer la sustitución total o parcial de los caudales concesionales por otros y restringir las condiciones de las autorizaciones de vertido-, y el mantenimiento de los caudales ecológicos.
Sin embargo, como consecuencia de las precipitaciones de las últimas semanas en esas zonas y su aportación a los ríos, los sistemas Bajo Duero, Tormes y Aliste-Tera experimentan una evolución positiva respecto al informe anterior, y pasan de estado de alerta al de prealerta, en el que permanece también la cuenca salmantina del Águeda. En alerta prosiguen Riaza-Duratón y Alto Duero.
