Castilla y León invirtió en la salud de cada ciudadano en el peor año de la historia de la salud pública, el del COVID, casi más de 400 euros que hace cinco años, lo que la permitió colarse entre las autonomías con mayor gasto por persona. En concreto, en 2020, dedicó 1.863 euros a cada ciudadano, por encima de la media nacional que se cerró con 1.770, según se desprende de las últimas Estadísticas de Gasto Sanitario Público analizadas por Ical.
En 2016, la Consejería de Sanidad destinó 1.473 euros por habitante, cuando cerró un presupuesto de 3.600 millones de euros, con un peso en el Producto Interior Bruto de la Comunidad del 6,6 por ciento. En aquel ejercicio, los datos eran muy similares a los del conjunto del país, con una representación del gasto sanitario en el PIB del seis por ciento, y una inversión media de 1.436 euros, lo que supuso 37 euros menos que en Castilla y León.
Aunque el gasto ha subido lentamente, en todos los ejercicios estudiados la inversión de Castilla y León ha sido ligeramente mayor, con una clara diferencia en el año del COVID de 93 euros sobre la media de España, que en 2019 fue de 68. Esto se debe a que la Comunidad logró cerrar un presupuesto consolidado de 4.454 millones en el año de la pandemia, con un impacto del ocho por ciento del PIB, cinco puntos por encima del 7,5 por ciento de España.
Es cierto que en aquel momento el virus se ‘comió’ gran parte de los recursos, y que el gasto pasó de situarse en la horquilla del 6,5 y del 6,7 del PIB de los cuatro años anteriores al ocho por ciento, si bien en España también creció, pero a un ritmo inferior.
Si se analiza los datos por comunidades autónomas en 2020, se observa que Castilla y León, con 1.863 euros por habitante, fue la tercera autonomía con mayor gasto público, sólo por detrás de el País Vasco (1.948) y el Principado de Asturias (1.892). Estos datos contrastan con las comunidades con menor gasto sanitario público que fueron Andalucía (1.398 ), la Comunidad de Madrid (1.491 euros por habitante) y las Islas Baleares (1.577 euros por habitante), y todo pese a que las dos primeras fueron de las que contaron con presupuestos globales más elevados, en concreto, 11.858 y 10.077 millones, respectivamente. La que lideró la tabla por presupuesto fue Cataluña, con 13.473 millones.
Peso en la economía
El indicador del PIB, que arroja la importancia que la sanidad tiene en cada economía autonómica, arroja, en este caso, que Castilla y León se situó en 2020 en puestos intermedios, por encima de la media de España, con el ocho por ciento citado, frente al 7,5 por ciento del país. En este caso, la tabla la lideró Extremadura, con un 9,7 por ciento, seguida por Canarias, con un 9,3 por ciento, y el Principado de Asturias y la Región de Murcia, ambas con un 8,9 por ciento.
Las que presentaron el menor porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB fueron, por este orden, la Comunidad de Madrid (4,7 por ciento), La Rioja (6,2 por ciento) y Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra (6,3 por ciento en ambos casos).
Por lo que respecta a la distribución del gasto, el componente con mayor peso fue la remuneración del personal. En 2020, este capítulo absorbió el 51,2 por ciento, un total de 2.279 millones del gasto sanitario público de la Comunidad, muy por encima del 44,9 por ciento de la media del país, donde se elevó a 34.691 millones. La Comunidad donde este apartado representó un mayor porcentaje fue Aragón, con más de la mitad, el 53,2 por ciento, junto a País Vasco (52,6) y la Comunidad Foral de Navarra (51,7 por ciento).
El informe también arroja cuánto dedican las autonomías a la formación de médicos internos residentes, que en el caso de Castilla y León fueron 73 millones, lejos de presupuestos como los de Andalucía, 214 millones; Comunidad de Madrid, 228 millones, y Comunidad Valencia, con 127 millones.
