La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha presentado en la mañana de este lunes la campaña contra el consumo de alcohol y drogas al volante que la Dirección General de Tráfico llevará de manera especial durante esta semana.
De esta manera, se prevén cerca de 2.500 pruebas diarias a los conductores durante los próximos siete días. "Los controles preventivos son una de las medidas más eficaces para retirar de la circulación a los conductores que han ingerido alcohol o drogas. La conducción con alcohol o drogas no solo está relacionada con una mayor accidentalidad, sino también con una mayor mortalidad y con lesiones más severas”, ha comentado la delegada.
En este inicio de campaña han participado también la coordinadora regional de la DGT, Inmaculada Matías, y el teniente coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, Rafael Aparición, así como el dicrector estratégico de Aspaym, Francisco Sardón, y uno de los voluntarios de la asociación, Ángel Ruiz.
Esta campaña está unida a la que la Policía Local también realiza en Salamanca con la idea de que cualquier conductor pueda ser requerido para someterse a un test de alcohol y de drogas, de manera independiente de la vía por la que se circule. De hecho, se realiza a nivel europeo.
La delegada del Gobierno ha destacado que una de cada cuatro muertes en carretera están relacionadas con el alcohol a nivel europeo, algo que en España se relaja a uno de cada ocho. En Castilla y León, por su parte, el 5% de los accidentes con víctimas en vías interurbanas están relacionadas, donde se registraron hasta 8 fallecidos en 2018.
Además, estos controles preventivos han demostrado su eficacia con una reducción de positivos al volante del 5% al 1,3% en España, mientras que en Castilla y León se reduce al 0,7%.
Estos, además, en esta ocasión serán participados también por personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico, si bien solo será en Ávila, Burgos, León y Valladolid en el conjunto de Castilla y León. De hecho, uno de estos voluntarios se acercará al vehículo retenido para trasladarle el lema de esta campaña de 'No corras, no bebas... No cambies las ruedas' de manera que también le mostrará las secuelas de los accidentes.
Sanciones
Conducir habiendo ingerido alcohol o drogas tiene consecuencias fatales; en el mejor de los casos, se salda con una sanción administrativa, pero en otros muchos lleva aparejada penas de cárcel. En 2017, según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, el 62% de las condenas por delitos viales se debieron a conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Mercedes Martín ha puesto el acento en el hecho de que “a estos castigos normativos hay que sumar el más importante y es que la vida de una persona que ha matado a otra u otras en un accidente de tráfico por haber cometido la imprudencia de conducir habiendo ingerido alcohol o drogas no vuelve a ser la misma”.
De esta manera, las sanciones pueden ser desde 500 euros y cuatro puntos si se arroja una tasa de 0,25 mg/l y hasta 0,50, o de 1.000 y seis puntos, en el caso de que se supere esta última tasa. La presencia de drogas tiene la misma sanción que en este último caso.
Sin embargo, en el caso de que las tasas sean superiores a 0,6 mg/l en aire, las penas pueden llegar a ser de hasta seis meses de prisión, multas de doce meses o trabajos en beneficios de la comunidad hasta 90 días, así como privación del derecho a conducir de hasta cuatro años. Lo mismo ocurre si se conduce bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mientras que la negativa a someterse a las pruebas puede acarrear un año de prisión y cuatro de privación del permiso de conducir.
Además, la reciente reforma del Código Penal establece que si, de forma imprudente, se cometen homicidio o lesiones graves y se ha cometido un delito contra la seguridad vial –como son los casos de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas o a una velocidad excesiva-, o una infracción a la normativa administrativa de tráfico, ésta conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave. Las penas serán de entre uno y cuatro años de cárcel en caso de muerte y hasta un año en caso de lesiones.
