2017 ha sido el segundo año de funcionamiento de la Comisión y del Comisionado de Transparencia, desde que la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana atribuyera al Procurador del Común las funciones reconocidas a aquellos organismos. La primera resuelve las reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a denegaciones de información pública de las administraciones autonómica y local, de entidades integrantes de sus respectivos sectores públicos, o de corporaciones de derecho público.
En 2017, la Comisión de Transparencia ha recibido 202 reclamaciones, lo cual supone un incremento del 100% respecto a las presentadas en 2016. De estas 202 reclamaciones, 96 se refirieron a denegaciones de información pedida a ayuntamientos, 45 se presentaron frente a la Administración autonómica y 17 en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.
En 71 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación. Continúa siendo reseñable que 164 de las reclamaciones planteadas (el 80%, aproximadamente, del total) se hayan interpuesto ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información. En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos que, con mayor frecuencia, han sido utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales y la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada.
El tipo de información pedida por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, las dos grandes materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones son las relativas, de un lado, a cuestiones referidas al personal de la Administración; y, de otro, a la contratación y otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad por los ayuntamientos.
Si notable ha sido el incremento de las reclamaciones, mayor ha sido aún el de las resoluciones adoptadas por la Comisión de transparencia: en 2017 han sido 155 las resoluciones acordadas, frente a las 66 que se adoptaron en 2016. De estas 155 resoluciones, en 61 de ellas se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que facilitara la misma.
En 46 de estas ocasiones, las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local y 10 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León. Estas resoluciones son ejecutivas y deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales. De hecho, en 2017 se han presentado dos recursos judiciales frente a resoluciones de la Comisión, que aún no han sido resueltos.
Como ejemplos de algunas de estas resoluciones (cuyo contenido completo es publicado en la Web), se puede señalar que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a sus Relaciones de Puestos de Trabajo y a la ocupación de forma temporal de algunos de ellos; igualmente, a diversos organismos se les ha exigido que proporcionen los datos solicitados por los ciudadanos en materia de publicidad institucional. También se ha requerido a una Diputación para que permita a un ciudadano acceder a información relativa al suministro de agua potable a los ayuntamientos de la provincia durante la época estival.
Por otra parte, es destacable que hasta en 43 ocasiones, una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta y se la ha proporcionado.
