El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha iniciado un tercer trabajo sobre el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas. El Pleno del órgano de control externo aprobó el comienzo del denominado ‘Análisis económico-financiero del impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, específicamente las entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública’, informe que se suma a los dos iniciados también este mismo mes, centrados en las medidas adoptadas por los ayuntamientos para mitigar la pandemia y en el impacto de ésta en cuanto a recaudación y financiación local.
El Pleno dio luz verde también al inicio de las fiscalizaciones sobre el análisis de la seguridad informática de los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Palencia. Trabajos que se añaden a la estrategia del Consejo con los seis informes ya aprobados correspondientes a Béjar, Ciudad Rodrigo, Benavente, La Bañeza, Villaquilambre y Astorga, además de Santa Marta de Tormes, actualmente en elaboración.
La nueva fiscalización que inicia el Consejo se centra en el impacto que la COVID-19 ha tenido sobre las cuentas del ejercicio 2020 en el sector público administrativo, es decir, el compuesto por aquellos entes de la Comunidad sujetos al régimen de contabilidad pública que han rendido sus cuentas en el ejercicio 2020 y en los tres anteriores a través de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
El sector público está compuesto por la Administración General de Castilla y León y diversos entes y organismos como la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales, el Servicio Público de Empleo o las cuatro universidades públicas.
Este informe continúa con la estrategia de auditoría iniciada a partir de las fiscalizaciones realizadas anteriormente por el Consejo de Cuentas, si bien en este caso se centrará en los efectos en las cuentas públicas tanto en el gasto como en los ingresos de las medidas aplicadas como consecuencia de la pandemia COVID-19. Por ello, el ámbito de la fiscalización está referido a los entes que forman parte del sector público de la Comunidad sujetos al régimen de contabilidad pública, y de todos ellos concretamente a los que han rendido a su vez sus cuentas a través de la Cuenta General, correspondientes a los ejercicios que van desde 2017 a 2020, a efectos de analizar la situación económico financiera del sector publico administrativo.
Pero el trabajo se va a detener a su vez en la gestión del ejercicio 2020 para examinar de qué manera se han visto afectadas las políticas y programas de gasto por la aparición de la pandemia así como los recursos destinados a combatirla.
Así, se analizará la estructura y evolución de las magnitudes más relevantes del estado de liquidación del presupuesto rendido desde el ejercicio 2017 a 2020 y se obtendrán indicadores presupuestarios en relación con los ingresos y gastos, nivel de prestación de servicios, carga financiera soportada y resultados tanto a nivel global como por habitante.
También se analizarán la estructura y evolución de las masas patrimoniales y magnitudes más relevantes de los balances de situación y cuentas del resultado económico-patrimonial rendidas de los ejercicios 2019 y 2020, que permita obtener una visión del equilibrio y/o desequilibrio patrimonial existente. Asimismo se obtendrán indicadores financieros relevantes de su situación financiera a corto y largo plazo, y se examinarán la estructura y evolución de las áreas y políticas de gasto así como de los programas presupuestarios con el fin de determinar los efectos en las cuentas públicas, tanto en el gasto como en los ingresos, de las medidas aplicadas como consecuencia de la pandemia.
El Consejo considera “especialmente relevante” el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos fundamentales como la educación, los servicios sociales y, en especial la sanidad, que está afrontando un incremento en la demanda asistencial provocada por la pandemia.
Además de afrontar el aumento de gastos en sus cuentas como consecuencia de la pandemia, lo hacen “ante un freno en la actividad económica, que va a suponer previsiblemente una significativa disminución de los recursos disponibles para dar cobertura a estos servicios públicos”.
En Castilla y León, el 17 de junio de 2020 se suscribió por todos los grupos políticos del parlamento autonómico de Castilla y León el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, en cuyo punto 76 prevé la constitución de un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros, en el que la mitad del mismo se ha de transferir a las corporaciones locales para actividades relacionadas con el empleo y la inversión, y la otra mitad se gestionará al 50 por ciento directamente por la Junta y el otro 50 por ciento se transferirá a las entidades locales para finalidades relativas a servicios sociales y protección social de las personas y colectivos más afectados por la crisis.
