El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León ha interpuesto un recurso frente al Decreto 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de personas mayores en Castilla y León.
A su juicio, esta disposición es contraria a derecho y lesiva para los legítimos intereses tanto de la profesión de terapia ocupacional, como la del propio Colegio por lo que anuncian que, una vez interpuesto el recurso, se iniciará el procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Según dicen, este Decreto "merma notablemente la presencia de la figura del terapeuta ocupacional y de otros profesionales de los equipos técnicos de atención" ya que "sitúa nuestra figura profesional como parte prescindible, e intercambiable, del conjunto de servicios que la persona mayor hasta ahora tenía como equipo profesional que le permitía no perder su independencia y autonomía".
Para ellos, "la supresión de estos servicios en las residencias puede desembocar en un rápido y grave deterioro de su salud, tanto física como cognitiva, que tendrán que afrontar pagando profesionales externos a partir de ahora, si se lo pueden permitir".
Desde el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León han solicitado una reunión con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García Rodríguez, sin haber obtenido contestación por parte de la Consejería, según denuncian. "Desde COPTOCYL seguimos a la espera de una contestación pero al analizar el conjunto de hechos no tenemos más remedio que sospechar una profunda ausencia de interés en comunicarse con los grupos profesionales afectados por dicho decreto".
