La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Junta la “inmediata” recuperación de las 35 horas semanales, tras conocer el informe del Gobierno que confirma que Castilla y León ha cumplido todos los requisitos sobre estabilidad presupuestaria, incluida la regla de gasto de 2018 (dato que estaba pendiente de conocerse).
El presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, Carlos Hernando, afirma que “la Junta ya se ha quedado sin margen de excusas, y que simplemente tiene que cumplir lo prometido y hacer efectiva de manera inmediata las 35 horas semanales, sin retrasarlo más, poniendo en marcha unos calendarios que están listos”. Hernando insiste en que “la Junta se olvide de los horarios de verano, porque lo que tiene que hacer es aplicar las 35 horas, con carácter retroactivo desde el uno de enero de 2019. Confiamos en que en la reunión de este viernes, de la comisión de seguimiento del acuerdo marco, la Junta anuncie que aplica ya las 35 horas”.
Otra exigencia es la aplicación inmediata, en la nómina de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, de los fondos adicionales del año 2018, que fueron firmados en el segundo acuerdo nacional del Gobierno y sindicatos del pasado 9 de marzo.
Por otra parte, y ante la celebración de las elecciones autonómicas, CSIF exige a los partidos políticos que concreten y detallen una hoja de ruta para poner en marcha las mejoras de la calidad de los servicios públicos, y de las condiciones laborales de las plantillas. CSIF lamenta que se esté usando a los empleados públicos como arma arrojadiza en la disputa política electoral, jugando con sus deseos y sus intereses profesionales y salariales, pero sin aclarar cuándo y qué medidas concretas tomarán en las Cortes, más allá de unas buenas intenciones que están condicionadas por el ambiente electoral.
CSIF, sindicato mayoritario en Función Pública, recuerda que el voto de 85.000 trabajadores de la Administración General y de sus familias puede ser determinante, y demanda que se ponga encima de la mesa sus reivindicaciones pendientes, tras años de sacrificio. “Desde nuestra independencia y el respeto a las opciones políticas que concurren a las elecciones, esperamos que de las urnas surja un Gobierno estable en Castilla y León, que se comprometa a poner en marcha una nueva etapa de diálogo y negociación con los representantes legales de los empleados públicos, a fin de recuperar los derechos arrebatados y de afrontar la modernización y organización de la Función Pública que necesita la Comunidad”, indica Carlos Hernando. Para ello, CSIF pide una apuesta clara por un nuevo modelo de Administración, que garantice el crecimiento y la vertebración y consolide unos servicios públicos de calidad.
CSIF reclama nuevas reformas, destacando -junto a la recuperación de las 35 horas con la consecuente bajada de horario lectivo de los docentes a 17 horas en Secundaria y 23 en Primaria- la homologación retributiva entre administraciones, la recuperación de la estructura salarial previa al 2010, ofertas de empleo público amplias que den respuesta a las necesidades reales y permitan rejuvenecer la plantilla, una nueva regulación de carrera profesional para todos los trabajadores públicos, así como la recuperación de las ayudas de Acción Social y el cobro de los fondos adicionales firmados.
La hoja de ruta que se reclama a los partidos tiene que actuar sobres diversas cuestiones, como profesionalizar la administración y garantizar su independencia; reducir los altos cargos, los nombramientos a dedo y que se potencie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales.
Asimismo, hay que reforzar las competencias y los mecanismos de inspección para garantizar la igualdad; y concretar un plan de recursos humanos a medio plazo, frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir, para reforzar las plantillas donde sea necesario.
Agilizar las ofertas de empleo público y la estabilización de plazas interinas; blindar los servicios públicos para evitar la tentación de nuevas privatizaciones; o garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, son otros asuntos que los partidos deben abordar.
Eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, desarrollar los protocolos contra el acoso y la violencia de género, o que el permiso de paternidad sea de 20 semanas en 2020, también son demandas de las que no se pueden desentender los partidos. El teletrabajo, o el desarrollo de la carrera profesional con criterios objetivos y pactados con los sindicatos, completan la hoja de ruta que deben abordar los partidos, según CSIF, que insta a la Junta a que abra la puerta a la participación de más sindicatos en el diálogo social, frente a la actual situación de monopolio de las organizaciones de clase.
