El sindicato CSIF lleva al Procurador del Común la “negativa” de la Consejería de Educación a negociar en la Mesa Sectorial la escolarización de 2 a 3 años en Castilla y León. Pese a las constantes demandas de CSIF, el departamento que dirige en funciones Rocío Lucas se ha negado, hasta el momento, a convocar Mesa Sectorial para abordar este “asunto prioritario”, que afectará a las condiciones sociolaborales del profesorado y de los equipos directivos de los centros en los que se impartirá.
“Se está llevando a cabo sin la información y negociación necesaria”, denuncia la presidenta del sector de Educación de CSIF CyL, Isabel Madruga, quien reclama que se hagan públicos los criterios que utiliza la Administración autonómica para la adjudicación de la impartición de este ciclo en todos los centros, ya que, según denuncia, “hemos recibido numerosas quejas de colegios públicos sobre este proceso tras conocer el listado publicado en portal de Educacyl”.
Por ello, solicita que la Consejería de Educación abra un proceso de “solicitud voluntaria” para impartir el ciclo de 2 a 3 años, en el que puedan participar todos los centros públicos que lo soliciten “en igualdad de condiciones”.
Se trata, en palabras de Madruga, de que se “eviten agravios comparativos” con la enseñanza privada-concertada que sí ha podido comunicar las unidades y plazas de las que disponen, y solicitar así autorización como centro educativo de primer ciclo de educación infantil. “Por el contrario, en la educación pública no se ha dado la posibilidad a todos los centros públicos de adherirse a estas enseñanzas, y no se han plasmado de forma clara cuáles han sido los criterios para que impartan estas enseñanzas”, lamenta.
Para CSIF, “se ha perdido la oportunidad de ofertar esta escolarización en centros públicos”. Y se ha perdido, según añade Madruga, en beneficio de la red privada-concertada, ya que “esta orden supone un concierto educativo encubierto”.
“Se va a pagar a centros de titularidad privada por un servicio público, que se convierte en gratuito, haciendo un diseño sin criterios claros y transparentes para ofertar esa enseñanza en todos los centros educativos de titularidad pública de la Comunidad, con el agravante de que la red concertada no llega a muchas localidades de nuestro medio rural; algo que sí ocurre con la pública”.
Supone, además, “un agravio comparativo importante con los centros públicos, al potenciar matrículas en centros concertados que sí impartan estas enseñanzas”. Favorecer que haya más oferta en la privada-concertada y vetar esa opción en la pública, “juega sin duda en contra de la matriculación en la educación pública”, apostilla Madruga. Además, con esta norma se crean también agravios entre los centros públicos, ya que unos lo impartirán y otros no.
Por todo ello CSIF se ha dirigido al Procurador del Común de la Junta de Castilla y León, enumerando las actuaciones sindicales que se han venido realizando desde enero de este año y demandando que se convoque una Mesa Sectorial en la que se analice la puesta en marcha de esta medida contemplada en la LOMLOE, así como todo aquello que repercute en las condiciones sociolaborales del profesorado de la educación pública de Castilla y León.
El sindicato CSIF lleva al Procurador del Común la “negativa” de la Consejería de Educación a negociar en la Mesa Sectorial la escolarización de 2 a 3 años en Castilla y León. Pese a las constantes demandas de CSIF, el departamento que dirige en funciones Rocío Lucas se ha negado, hasta el momento, a convocar Mesa Sectorial para abordar este “asunto prioritario”, que afectará a las condiciones sociolaborales del profesorado y de los equipos directivos de los centros en los que se impartirá.
“Se está llevando a cabo sin la información y negociación necesaria”, denuncia la presidenta del sector de Educación de CSIF CyL, Isabel Madruga, quien reclama que se hagan públicos los criterios que utiliza la Administración autonómica para la adjudicación de la impartición de este ciclo en todos los centros, ya que, según denuncia, “hemos recibido numerosas quejas de colegios públicos sobre este proceso tras conocer el listado publicado en portal de Educacyl”.
Por ello, solicita que la Consejería de Educación abra un proceso de “solicitud voluntaria” para impartir el ciclo de 2 a 3 años, en el que puedan participar todos los centros públicos que lo soliciten “en igualdad de condiciones”.
Se trata, en palabras de Madruga, de que se “eviten agravios comparativos” con la enseñanza privada-concertada que sí ha podido comunicar las unidades y plazas de las que disponen, y solicitar así autorización como centro educativo de primer ciclo de educación infantil. “Por el contrario, en la educación pública no se ha dado la posibilidad a todos los centros públicos de adherirse a estas enseñanzas, y no se han plasmado de forma clara cuáles han sido los criterios para que impartan estas enseñanzas”, lamenta.
Para CSIF, “se ha perdido la oportunidad de ofertar esta escolarización en centros públicos”. Y se ha perdido, según añade Madruga, en beneficio de la red privada-concertada, ya que “esta orden supone un concierto educativo encubierto”.
“Se va a pagar a centros de titularidad privada por un servicio público, que se convierte en gratuito, haciendo un diseño sin criterios claros y transparentes para ofertar esa enseñanza en todos los centros educativos de titularidad pública de la Comunidad, con el agravante de que la red concertada no llega a muchas localidades de nuestro medio rural; algo que sí ocurre con la pública”.
Supone, además, “un agravio comparativo importante con los centros públicos, al potenciar matrículas en centros concertados que sí impartan estas enseñanzas”. Favorecer que haya más oferta en la privada-concertada y vetar esa opción en la pública, “juega sin duda en contra de la matriculación en la educación pública”, apostilla Madruga. Además, con esta norma se crean también agravios entre los centros públicos, ya que unos lo impartirán y otros no.
Por todo ello CSIF se ha dirigido al Procurador del Común de la Junta de Castilla y León, enumerando las actuaciones sindicales que se han venido realizando desde enero de este año y demandando que se convoque una Mesa Sectorial en la que se analice la puesta en marcha de esta medida contemplada en la LOMLOE, así como todo aquello que repercute en las condiciones sociolaborales del profesorado de la educación pública de Castilla y León.
