La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido en el Consejo de Función Pública de la Junta de Castilla y León, celebrado este viernes, que las administraciones, entre ellas la regional, lleven a cabo una recuperación progresiva de la reducción salarial del 5% que el Gobierno llevó a cabo en 2010 “porque el empleado público no puede ser el perjudicado de una crisis de la que no es responsable, y es justo que se le compense esa pérdida del poder adquisitivo, que se suma a otras muchas que se han ido produciendo en los últimos ocho años”.
CSIF también ha llamado la atención “de las pérdidas de retribuciones que ha sufrido el empleado público en las pagas extraordinarias, como consecuencia de las congelaciones y otras reducciones salariales, que también se deben compensar a los empleados públicos”.
Este sindicato independiente ha confirmado, en el Consejo de Función Pública, su rechazo al incremento salarial del 1% ofrecido por el Gobierno para 2017 por “ser muy insuficiente, teniendo en cuenta la enorme pérdida del poder adquisitivo que ha soportado el empleado público durante la crisis”. Además, CSIF considera que “el Gobierno no es coherente, porque la ministra de Empleo insta a los empresarios a subir más los salarios, sin aplicarlo a sus trabajadores públicos”.
“Los empleados públicos nos hemos cansado de cargar con los recortes. Acumulamos rebajas y congelaciones salariales desde el año 2010 hasta el año pasado. Por ello, reclamamos un crecimiento mayor de los salarios, un acuerdo de legislatura que contemple mejoras retributivas que permitan a los empleados públicos de esta administración autonómica hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el año 2010”.
CSIF informa que los retrasos de la subida del 1% de 2017, que se hace oficial ahora, la Junta de Castilla y León los pagará a todos sus empleados en agosto, después de resolverse unos aspectos técnicos que afectaban al personal docente.
