La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para este viernes, 4 de abril, movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que se mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.
Las movilizaciones se llevarán a cabo en todas las subdelegaciones del Gobierno, de 12 a 13,00 horas, y en el caso de Madrid, en el Complejo de los Nuevos Ministerios, de 11.00 a 12,00.
CSIF ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública con voluntad constructiva para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleadas y empleados públicos, que merecen un reconocimiento y una compensación por su trabajo. Estos son nuestros objetivos:
- Aprobar cuanto antes la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024, que todavía está pendiente.
- Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Además, a fecha de hoy seguimos sin ingresar el 0,5 por ciento adicional del pasado año. CSIF exige que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.
- Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
- Adecuación de los Grupos Profesionales.
- Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
- Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
- Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas
- Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.
