Los datos son demoledores. El 56 por ciento de las mujeres con adicciones sufren maltrato y un 32 por ciento han sido víctimas de violencia sexual, según los datos recogidos por la Red Estatal de Atención a las Adicciones UNAD y presentados este jueves por Carmela Arroyo. Violencia y consumo van de la mano y de ahí la importancia de desarrollar proyectos que trabajen para apoyar a este colectivo. Así, la UNAD, la asociación salmantina Nueva Gente y el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca han puesto en marcha un proyecto que lidera Salamanca con el objetivo de construir un modelo de intervención en el que puedan colaborar todas las instituciones y entidades del tercer sector que trabajan en la atención a mujeres con adicciones para detectar los casos de violencia de género y sexual con el fin de brindarles apoyo y atención integral.
El proyecto, denominado “Proyecto GPS: comunidades generadoras de saberes, participativas y sociales” se ha realizado como experiencia piloto en Murcia y, a partir del 21 de marzo se pondrá en marcha en Salamanca. El objetivo es facilitar la detención de casos de violencia de género en las mujeres con adicciones, que normalmente tienen más dificultad para verbalizar esos hechos y pedir ayuda. “Crear espacios de conocimiento y diálogo más seguros para las mujeres y que vayan dirigidos a la protección de las más vulnerables dentro de las vulnerables”, así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, que ha afirmado que este proyecto va a marcar un antes y un después en la provincia de Salamanca ya que el proyecto llegará a todos los puntos de una provincia “con muchos municipios y muy dispersos”.
Por su parte, Nieves Sanz, directora del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la USAL, ha destacado que este proyecto supondrá tener herramientas y un mecanismo coordinado entre todos los implicados para trabajar con las víctimas contra la violencia.
En la sesión de presentación del proyecto estaban además del presidente de la Diputación, el alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, representantes de la Policía Nacional, el Centro Penitenciario de Topas, Policía Local de Salamanca y entidades como Proyecto Hombre, Cruz Roja, Cáritas, Apared y Arsa, Mediacyl, Asociación Plaza Mayor, Adoratrices, Beatriz de Suabia, Adavas y Apram y el Colegio de Abogados.
