Según el análisis de Facua-Consumidores en Acción, la factura de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes en las tres primeras semanas de enero es ya un 28% más cara que la de hace un año: 86,96 euros frente a los 67,84 de enero de 2016. El recibo, que no ha parado de subir desde abril, está levemente por debajo del más caro de la historia, los 88,66 euros que se alcanzaron en los tres primeros meses de 2012.
En cuanto a la subida mensual, la factura que resulta de aplicar las tarifas de los primeros 22 días del año está un 8,4% por encima de los 80,23 euros de diciembre. FACUA realiza sus estudios a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarificación por horas. En ellos utiliza un perfil de usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh mensuales, la media en España según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.
En lo que se refiere al precio de la energía consumida, el kWh está en sus niveles más altos desde enero de 2013, cuando se situó en 15,09 céntimos antes de impuestos (19,20 ya incluidos). El máximo histórico fueron los 16,81 céntimos (20,85 con impuestos) de entre enero y marzo de 2012. En los primeros 22 días de enero se ha situado en una media de 14,47 céntimos (18,40 con impuestos), un 39,7% por encima de los 10,36 céntimos (13,18 con impuestos) de enero de 2016.
Facua reclama al Gobierno que ponga fin a las prácticas oligopolísticas que provocan las desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España. Así, exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos.
Se trata, advierte Facua, de un sector donde “nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la Unión Europea con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos”.
Además, la asociación demanda la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se aplica a la electricidad, del 21%, “impropio de un servicio esencial”. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el impuesto de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.
