Fuentes de la Consejería de la Junta de Castilla y León indican que realizan "un gran esfuerzo" para dotar del mejor equipamiento escolar a sus centros, incluyendo las nuevas tecnologías, adecuado a las exigencias que una enseñanza de calidad requiere. "Ese esfuerzo inversor se debe acompañar de un apropiado mantenimiento de las instalaciones y los bienes muebles que lo integran, para lo cual se arbitran diversos mecanismos entre los que se incluye el aseguramiento de la inversión, mediante la contratación de un seguro multirriesgo para los centros", aseguran.
Este seguro garantiza a los centros docentes de la Comunidad la reparación de los diversos daños accidentales que puedan producirse en sus instalaciones y equipamientos como actos vandálicos, incendios, robos, daños eléctricos, fenómenos atmosféricos, daños por agua o rotura de cristales, entre otros aspectos.
La póliza no tiene la misma cobertura en todos centros docentes incluidos en este seguro, dado que dicha cobertura depende de la titularidad de los edificios. Esta como regla general, corresponde, en el caso de los colegios públicos de Infantil y Primaria, centros de Educación Obligatoria, Escuelas Hogar, Centros Rurales Agrupados (CRAs) y centros de Educación Especial, a las entidades locales; y con respecto a institutos de Secundaria, escuelas de Arte, centros de Formación e Innovación Educativa (CFIEs), residencias y conservatorios profesionales de Música, al Gobierno autonómico.
Este hecho motiva que para los centros de titularidad de la Consejería de Educación la cobertura del seguro abarque tanto el continente como el contenido, mientras que en los centros cuyos edificios son propiedad de las entidades locales la cobertura del seguro abarque únicamente el contenido del centro. Así, de los 1.167 centros cubiertos por este seguro, 841 tendrán garantizado el contenido y el resto, unos 326, continente y contenido.
El capital asegurado asciende a 251.750.000 euros del continente y 25,5 millones de euros de contenido. La validez de la póliza del seguro tendrá un año de duración pudiéndose acordar nuevas prórrogas hasta un máximo de dos años y cuatro meses más.
