El pasado 9 de abril, 20.000 documentos y objetos del Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, salieron en dirección al Axiu Nacional de Catalunya. Un envío que ha vuelto a levantar la polémica sobre el expolio del Archivo de Salamanca.
El Ministerio de Cultura, a través de una nota de prensa que la Subdelegación del Gobierno ha remitido a todos los medios de comunicación, ha indicado que dicho envío se realizó “en estricto cumplimiento de la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo 806/2019”.
En concreto, salieron del Centro Documental de la Memoria Histórica con destino al Arxiu Nacional de Catalunya 39 cajas archivadoras normalizadas (26 cajas de documentos y 13 de libros), 5 banderas y 1 cartel, algo que da cumplimiento a una sentencia de la Audiencia Nacional, señala el Ministerio, que además fueratificada por el Tribunal Supremo.
“Los fondos transferidos a Cataluña para su entrega a sus legítimos propietarios o derecho habientes fueron en su día identificados por los miembros de la Comisión Mixta como incautados a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y se encontraban custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española”, prosiguen.
El ministerio también apunta que el envío de estos documentos obedece a la ejecución del mandato judicial mencionado, asunto del que los miembros del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica fueron informados en la sesión del Pleno de 25 de octubre de 2016, así como de la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por cuanto se consideraba la imposibilidad de restitución a sus legítimos propietarios de determinados documentos producidos o acumulados por productores inexistentes en la actualidad, como el Socorro Rojo Internacional, Solidaridad Internacional Antifascista, Unión Patriótica (el partido fundado por el Gral. Primo de Rivera), Ayuda Infantil de Retaguardia, Partido Sindicalista, etc.
El alcalde reclama al gobierno de Sánchez una reunión extraordinaria y urgente del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica
Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reclamado hoy al Gobierno de España la convocatoria “extraordinaria y urgente” del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca -que no se reúne desde hace más de tres años- al objeto de tratar esenciales derivados de la reciente salida de nueva documentación.
Durante su intervención, García Carbayo ha indicado que esa petición de reunión del patronato se la ha trasladado hoy a través de una carta al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ante la séptima salida de documentación del Centro Documental, perpetrada con “absoluta falta de transparencia”, “con el silencio cómplice del Ministerio de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez” y “sin la preceptiva aprobación del Patronato”.
En palabras del alcalde, “el gobierno de Pedro Sánchez ha regalado a los independentistas catalanes seis banderas y más de 20.000 documentos”, pertenecientes a 26 fondos documentales, ocho de entidades y asociaciones, nueve de particulares y empresas, y diez de partidos y sindicatos, así como 68 agrupaciones documentales de menor entidad.
“Digo ha regalado, porque mientras no aporte informes técnicos y recabe la aprobación del Patronato, esta entrega no es más que un regalo y al propio tiempo una puñalada por la espalda”, ha abundado el regidor salmantino, para quien esta salida de documentación es “una concesión de un gobierno débil a quienes quieren dividir y enfrentar a los españoles”. “Los independentistas se sirven de la debilidad del presidente para seguir avanzando en su hoja de ruta hacia la destrucción del Archivo de Salamanca”, ha añadido.
Al respecto, ha concretado que en la carta remitida al ministro para la celebración urgente de una reunión extraordinaria del citado patronato, ha exigido que se aporte un informe sobre la reciente salida de documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española, para su entrega a la Generalitat de Cataluña, y su remisión a los miembros del Patronato del Centro las actas de las sesiones de la Comisión Mixta Gobierno Central-Generalidad de Cataluña y los informes técnicos que hayan servido de base para autorizar dicho traslado.
Asimismo, ha pedido un informe del Ministerio de Cultura sobre las acciones a emprender frente a la Generalitat para que ésta cumpla con lo dispuesto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, respecto de la devolución al Centro de los documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de carácter privado que no hayan sido entregados a sus titulares legítimos, por no existir tales titulares o por haber sido entregados indebidamente a particulares a quienes nunca pertenecieron, y esta devolución debe producirse porque ha transcurrido sobradamente el plazo de un año previsto en la Ley para ello.
“Estamos hablando de 400.000 documentos que ya deberían estar en Salamanca y de los que solo sabemos que la Generalidad de Cataluña no está dispuesta a devolver, en un claro desafío a la legalidad”, ha señalado y ha recordado que el anterior ministro de Cultura, José Guirao, se comprometió a que no habrían más salidas de documentación hasta que estos papeles fuesen devueltos a Salamanca. “Pero ya estamos viendo lo que vale para Salamanca la palabra de un gobierno de Sánchez”, ha valorado.
Además, ha comentado que para esa reunión reclama un informe del Ministerio de Cultura sobre las medidas de vigilancia a adoptar para garantizar que los documentos entregados recientemente a la Generalidad de Cataluña sean devueltos al Centro en abril de 2022, en el supuesto de que no se hayan entregado a sus titulares legítimos.
