España lleva años intentando reducir el bombardeo de llamadas comerciales no solicitadas, un problema que sigue generando quejas entre los ciudadanos. En 2023 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, que ya introducía limitaciones para frenar este tipo de prácticas y proteger a los usuarios. Sin embargo, y pese a las restricciones, el spam telefónico continuó: algunas compañías siguieron contactando a clientes sin permiso, hasta el punto de que una de ellas fue multada con 5.000 euros por incumplir la normativa.
Con el objetivo de cerrar definitivamente estas grietas, este año se activaron nuevas iniciativas del Plan Antiestafas, entre ellas la prohibición de realizar campañas comerciales desde números móviles y la restricción de recibir llamadas o mensajes con origen internacional que no hayan sido solicitados. No obstante, estas medidas tampoco han sido suficientes para frenar del todo el problema.
Ahora, la recién aprobada Ley de Servicios de Atención a la Clientela aspira a convertirse en el golpe definitivo contra las comunicaciones inoportunas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha calificado esta ley como un “avance sin precedentes”, ya que fija criterios estrictos de calidad y marca un antes y un después en la defensa de los consumidores.
Además de prohibir las llamadas de spam, la norma persigue acabar con otros abusos habituales: gastos de gestión ocultos, reseñas manipuladas o renovaciones automáticas no autorizadas. También garantiza una atención telefónica gratuita, rápida y personalizada, obligando a las empresas a actuar con mayor transparencia.
