Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de un protocolo que será ratificado este martes en la Mesa General de la Administración General del Estado, con el aval del Ministerio del Interior y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en este ámbito.
CSIF ya consiguió un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico para las oficinas de empleo) que dejó fuera a la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Pues bien, nuestras denuncias por los episodios de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han dado fruto y el protocolo en las prisiones será mañana una realidad.
La principal novedad de este documento es la voluntad del Gobierno de reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.
Asimismo, el protocolo incluirá el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias cuando, como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los funcionarios, estos sufrieran un quebranto significativo en su salud o en su integridad. Actualmente, prestan servicio en Instituciones Penitenciarias más de 23.000 empleados públicos, entre personal funcionario y laboral, destinándose más de 15.000 a tareas propias de vigilancia, incluido garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios.
Este protocolo, también contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran una agresión.
