El procurador del Común, Tomás Quintana, aseguró este martes, 11 de mayo, que el cierre de los consultorios locales al inicio de la pandemia provocó “una merma de la atención sanitaria” al sustentarse principalmente en la asistencia telefónica, lo que a su juicio ocasionó “limitaciones de variado orden en la prestación del servicio”.
Quintana, que presentó ante el pleno de las Cortes el informe del año 2020, señaló que la asistencia sanitaria en el medio rural ha dado lugar a “muchas quejas”, en particular, motivadas por el cierre de los consultorios locales durante el periodo de confinamiento y, sobre todo, “por la falta de reapertura con posterioridad”.
Por ello, el Común indicó que al intuir que las quejas se iban a multiplicar iniciaron una actuación de oficio para estudiar de forma integral no solo los “tradicionales déficits” de la sanidad rural, vinculada a la “interrupción” del servicio por falta de medios personales o materiales, sino los “nuevos problemas” derivados del cierre de los consultorios locales.
Además, recordó las actuaciones emprendidas al inicio de la crisis sanitaria para comprobar las quejas sobre las limitaciones que afectaban al acceso a centros hospitalarios, a la atención en los domicilios, a la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, así como a la limitación del uso de respiradores. Así, apuntó que la Consejería de Sanidad les negó que la edad fuera el criterio utilizado en el triaje de pacientes.
Otro de los “problemas endémicos” de la sanidad a los que se refirió fueron las listas de espera, que señaló se ha agravado como un efecto más de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 debido a la suspensión durante meses de una gran parte de la actividad. “Si bien se pudo entender por parte de la ciudadanía como un efecto inevitable de la irrupción de la pandemia, levantado el primer confinamiento comenzamos a recibir quejas demandando la reanudación de las prestaciones sanitarias”, señaló.
Tomás Quintana añadió que es un asunto que les preocupa especialmente debido a las sucesivas olas de contagios y las negativas consecuencias que esto tiene sobre las listas de espera.
Entre las principales quejas fueron el “colapso” de las líneas telefónicas de los centros de salud para atender a los pacientes aquejados por el COVID-19 o sospechosos de padecerlo; o las que les transmitieron algunos familiares que no pudieron acompañar a sus enfermos hospitalizados, en algunos casos en sus últimos días; y los problemas del transporte sanitario en algunas provincias, en concreto en Ávila, en Segovia y en municipios de la montaña palentina.
En el área de sanidad y consumo, la institución recibió 2.224 quejas, de las que han sido múltiples las referidas a las “deficiencias” en la sanidad del medio rural; solicitud de reapertura de los consultorios locales de las localidades de Armellada y Liegos, así como del municipio de Santa Cristina de Valmadrigal, todos en León y las diversas quejas presentadas por las deficiencias en el suministro de sensores de glucosa. Además, de las 1.766 recibidas en relación con el COVID-19, 702 lo fueron en materia de sanidad.
