El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León la petición de comparecencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, para que explique por qué ha puesto al servicio de Pablo Casado la educación de Castilla y León.
Pablos considera “urgente” que la consejera dé explicaciones en el parlamento autonómico y califica de “indecente” que Pablo Casado haya dado instrucciones a los presidentes autonómicos de su partido para que intenten retrasar la aplicación de una ley que va a ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
“Y mucho más indecente es que la consejera de Educación y el tándem Igea Mañueco hayan puesto la educación de Castilla y León al servicio de Casado al hacerle caso”, denuncia el portavoz socialista.
Pablos recuerda que las normas que regulan el acceso a los centros educativos en Castilla y León siempre se han publicado a finales del mes de enero o principios de febrero. “Jamás en el mes de diciembre como ha hecho este año la Junta siguiendo órdenes de Pablo Casado”, subraya el portavoz socialista que califica este adelanto de “gravísimo.”
“Supone poner la educación al servicio del PP y no puede quedar sin explicación”, afirma tras destacar que la nueva ley educativa tiene muchísimo más consenso educativo y más consenso parlamentario que la conocida como Ley Wert, que resultó aprobada solo con los votos del PP y tuvo enfrente a toda la comunidad educativa.
“La Ley Wert es la ley educativa aprobada con menos consenso de toda la democracia y todos los partidos políticos excepto el PP se pusieron de acuerdo para derogarla cuando hubiera una mayoría parlamentaria suficiente”, recuerda el portavoz socialista quien también se ha referido a los actos de oposición a dicha ley entre los que se encuentran las imágenes del anterior consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, dando clase en la calle.
En los próximos días España superará la ley educativa aprobada con menos consenso en nuestra democracia y frente a la nueva ley, con muchísimo más consenso educativo y parlamentario, solo está la derecha de siempre y algunos intereses corporativos”, concluye Pablos.
