Aunque el nivel educativo de la población gitana ha ido mejorando en los últimos años, se encuentra todavía por debajo del conjunto de la población, con una brecha que comienza a abrirse antes incluso de la finalización de la ESO, ya que el 64 % del alumnado gitano de entre 16 y 24 años no finaliza los estudios obligatorios, frente al 13 % del conjunto de los alumnos, cifras que demuestran que sigue siendo necesario apoyar a la comunidad gitana en la escolarización generalizada y de calidad de los menores.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León aprobó el pasado año el Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana 2021-2030 que cuenta con una financiación de 40 millones de euros y 73 medidas de servicios sociales, educativas, de empleo, salud, acceso a la vivienda y de participación e igualdad de trato,
Actuaciones para prevenir y combatir la pobreza infantil
Los últimos datos disponibles de la Tasa de Pobreza Infantil -AROPE- correspondientes al año 2020 sitúan a Castilla y León como la sexta Comunidad Autónoma con menor tasa, con un 27,3 %, frente al 31,1 % de España. “Para hacer frente a esta situación, en noviembre del pasado año, aprobamos el Programa de Actuaciones Estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil en Castilla y León, durante el período 2021-2027. Su principal objetivo es prevenir y combatir la exclusión social de los menores más vulnerables, garantizando el acceso de estos niños a un conjunto de servicios clave relacionados con el ámbito educativo, sanitario, de vivienda y de servicios sociales”, ha afirmado este lunes Isabel Blanco.
Se trata de lograr la igualdad de oportunidades de todos los menores y que dota a las familias vulnerables de los recursos necesarios para garantizar la educación y formación necesarias apostando también por la inserción laboral. Actuaciones que, desde los Servicios Sociales, se llevan a cabo mediante programas integrados en la Red de Protección a las Familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica que atiende anualmente a más de 174.000 familias con un gasto medio de 220 millones de euros y que incluye un amplio conjunto de prestaciones, servicios y medidas para garantizar la provisión de los productos de primera necesidad; ayudas para paliar la pobreza energética; cubre necesidades básicas menores; garantiza ingresos mínimos y promueve la integración sociolaboral de las personas vulnerables.
En 2021, llegaron a 8.303 familias y un total de 21.410 personas de nuestra Comunidad, entre las que había 7.014 menores. Además, el número de personas en situación de vulnerabilidad podría aumentar en los próximos meses debido al complicado momento económico que atraviesa España, con índices como la inflación o el euríbor en niveles que hacía muchos años no se registraban y la desaceleración del mercado laboral. Por ello, la Junta de Castilla y León impulsa un paquete de medidas para reforzar la protección a las familias, que incluyen: la mejora de la prestación económica de urgencia social aumentando el umbral de ingresos de sus destinatarios y el bono de urgencia social para perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, incrementando el 15 % las cuantías durante tres meses para hacer frente así a la pérdida del poder adquisitivo.
Medidas para favorecer la conciliación de las familias más vulnerables
Isabel Blanco ha recordado este 17 de octubre que “desde la Junta de Castilla y León hemos impulsado diversas medidas para facilitar la conciliación de las familias más vulnerables, con el objetivo también de que los menores mejoren su integración social durante todo el año”.
Entre esas medidas destaca la implantación de la gratuidad del programa ‘Crecemos’ para menores de 3 años o la extensión del ‘Conciliamos’ de atención lúdica a menores de entre 3 y 12 años, en los periodos de vacaciones escolares, a centros ubicados en distritos con especial vulnerabilidad.
Otra de las medias que ha implantado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es el incremento del presupuesto del ‘Bono Concilia’, una ayuda económica de 750 euros por hijo menor de 3 años para hacer frente a los gastos en servicios de conciliación que hayan tenido que utilizar los padres en familias en las que ambos progenitores trabajan y también en las monoparentales, para facilitar así la conciliación de su vida laboral y personal.
La convocatoria de este año está dotada con 10 millones de euros, un 25 % más que el año pasado, con el objetivo de llegar a más de 13.000 familias y especialmente a aquellas que están pasado más dificultades, para que puedan hacer frente a estos gastos. Por ello, “el principal criterio para su concesión en este procedimiento de concurrencia competitiva es el nivel de renta de la unidad familiar, de manera que tendrán prioridad las familias con menos ingresos y, por lo tanto, más vulnerables” ha asegurado Blanco.
