El secretario general del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, ha subrayado en una entrevista en Radio Nacional que “en España no hay impunidad y que el sistema actúa”, al tiempo que ha advertido a quienes encabezan en estos momentos la deriva secesionista en la que han inmerso a la Generalitat de Cataluña que “quien intente desafiar el Estado de Derecho e intente situarse al margen de la ley tendrá que asumir las consecuencias que se deriven del incumplimiento de la norma”.
Así, se ha pronunciado sobre la posible multa económica de cinco millones de euros del Tribunal de Cuentas a los dirigentes catalanes que auspiciaron la consulta del 9 de noviembre, señalando que “el tribunal ha considerado que determinadas actuaciones que se realizaron por parte de dirigentes de la Generalitat de Cataluña en noviembre pueden tener alcance o responsabilidad contable y, como consecuencia de ello, ha abierto un procedimiento para que esas personas, que gastaron dinero público para un acto manifiestamente ilegal –ha recordado- tengan que responder con su patrimonio por el perjuicio que se ha ocasionado a las arcas públicas”.
“Mas, igual que Homs, cuando realizaron aquellas actuaciones asumieron la responsabilidad”, ha dicho sobre aquella consulta, proclamando que “el Estado de Derecho funciona, que nadie puede desafiar al Estado de Derecho, y que quien lo desafía es el único responsable de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la norma”.
“El referéndum por ser un acto ilegal no se va a celebrar”, ha respondido al ser preguntado por el próximo 1 de octubre, recalcando que “el Gobierno está cumpliendo la ley y va a cumplir la ley, y va defender el Estado de Derecho, porque defender el Estado de Derecho es defender la democracia misma, y está intentando que la Generalitat entre en razón y vuelva al camino de la sensatez del que nunca debió salirse”. “A partir de ahí”, ha añadido, “el Gobierno lo que va a hacer es evitar que se realicen actos ilegales y, si a pesar de ello, alguno lo realiza tendrá que responder”, ha repetido.
Bermúdez de Castro ha querido precisar que “la democracia no puede vivir sin la ley, pues una democracia sin ley es populismo y ahí acaban la paz y la convivencia, y aquellas personas que en estos momentos detentan la máxima autoridad de la Generalitat”, ha querido recalcar, “deberían ser los primeros, si son demócratas, en reconocer que se están equivocando, porque no pueden situarse al margen de la ley”. “Y al Gobierno de España le da igual que sea Puigdemont, Junqueras o cualquier otro”, ha insistido, porque “el que se salga de la ley tendrá que asumir sus consecuencias, y lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar el cumplimiento de la ley, que es la garantía para todos”.
“No olvidemos que el principio de igualdad también se basa en el cumplimiento de la ley, porque es la ley la que nos iguala a todos, a todos ampara y a todos obliga”, ha precisado, “y los primeros a los dirigentes de la Generalitat que, lamentablemente, están en una deriva secesionista contra la historia, la libertad y contra la convivencia”, ha lamentado.
Mossos y funcionarios
Preguntado por la actuación de los Mossos el próximo 1 de octubre, el secretario general del GPP ha subrayado que “como fuerza de seguridad, los Mossos son garantes del cumplimiento de la ley y, por tanto, estoy convencido de que cumplirán con su obligación y no permitirán que se realice un acto ilegal”.
“Votar es un acto muy democrático”, ha proseguido su explicación, “pero cuando se hace en contra de la ley se convierte en un acto profundamente antidemocrático, y ese referéndum, por ser ilegal, por afectar a uno de los elementos esenciales de nuestro orden constitucional, que es la unidad y la soberanía única, no se va a celebrar”.
“En una democracia hay cosas que no se pueden cambiar y para que una democracia lo sea todos tenemos que tener libertad, todos tenemos que ser iguales ante la ley; si cambiara cualquiera de estos dos principios ya no estaríamos en una democracia”, ha añadido, para a continuación señalar que “la Constitución podría cambiarse a través del método democrático”, pero lo que no puede pretenderse “es que ese cambio constitucional lo haga solo una parte, sino que lo tendremos que hacer todos los españoles, y ese es el principio que quieren romper algunos dentro de esa deriva secesionista que no lleva a ninguna parte”.
Propuesta plurinacional del PSOE
Preguntado por el hecho de que algunos hablen de nación de naciones, como ha hecho recientemente el líder socialista, Pedro Sánchez, el dirigente popular ha proclamado que “buscar, como algunos buscan, una fórmula de que España sea una nación de naciones sería un error y el propio Tribunal Constitucional ha dicho que ni nacionalidad es sinónimo de nación, ni autonomía es sinónimo de soberanía”.
“A partir de ahí”, ha manifestado, “se dice que Mariano Rajoy tiene que moverse, tiene que ceder y tiene que negociar, pero ¿qué estaríamos diciendo si fuese al contrario?”, ha preguntado. “¿Si fuese Mariano Rajoy quien, al margen de la ley, quisiera imponerle algo a la Generalitat de Cataluña? ¿Se le estaría diciendo a Puigdemont, y pidiéndole a Puigdemont, que tendría que dialogar, que ceder y que negociar o se estaría acusando a Mariano Rajoy de autoritario y, además, se le estaría exigiendo que cesase en sus pretensiones?”, se ha preguntado.
“Probablemente estaríamos diciendo lo segundo, pero es que tendrían razón quienes dijeran que Rajoy no podría saltarse la ley para conseguir estos objetivos”, ha subrayado. “Por tanto”, ha continuado explicando, “en este momento se puede dialogar de muchas cosas, pero lo que no se puede es ni negociar fuera de la ley ni a negociar los principios esenciales de nuestra convivencia: la unidad de España, la soberanía única y la igualdad y solidaridad entre los españoles; para eso no podrán contar con el PP, para lo demás sí”.
Bermúdez de Castro ha querido igualmente remarcar que “no existe el derecho a la secesión, ni existe el derecho a romper de manera unilateral el marco de convivencia, ni el derecho a decidir al margen de la ley, ni a imponer la decisión a los demás, lo que existe es algo mucho más importante: el derecho a convivir en democracia y en libertad, y eso pasa por cumplir la ley y, sobre todo, para seguir construyendo juntos un futuro de prosperidad y bienestar para los catalanes y para el resto de los españoles”. “Lo que no es legal ni es legítimo, ni es democrático, ni puede ser invocado en nombre del pueblo”, ha insistido.
