El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha denunciado mediante una carta al vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la decisión de la Consejería de Familia de continuar con la tramitación del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de personas mayores de Castilla y León.
SATSE le pide a la Consejería de Transparencia una investigación de la motivación existente por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la publicación de un nuevo Decreto de Residencias, dado el beneficio económico que supone a las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a nuestros mayores y del coste que supone para el Servicio público de Salud de Castilla y León.
También le exige una investigación en relación al elevado número de camas de residencias de ancianos públicas en Castilla y León, más de 400, que permanecen cerradas desde hace años con la consecuente necesidad de derivación de las personas dependientes a residencias privadas.
La Consejería de Familia continúa con la tramitación de la modificación de dicho Decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba el Decreto que publicó la Junta en el 2017 y ante esto, SATSE denuncia que este nuevo Decreto se pretende volver a publicar sin modificaciones eliminando la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León. A partir de 2024 solo tendrán enfermera (una a media jornada de lunes a viernes) las residencias con más de 100 residentes, cuando la anterior normativa establecía 1 enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios o 20 enfermeras por cada 300).
SATSE afirma que la Consejería de Familia lo justifica con su intención de implantar el modelo “mi casa” sin tener en cuenta que la inmensa mayoría de nuestros mayores residentes en estos centros son personas dependientes. Así, Castilla y León es el territorio más envejecido de Europa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios; el 25% de su población supera los 65 años y el 9,5% los 80 años. Esta población tiene total derecho a su autodeterminación, al desarrollo personal y a las relaciones sociales, pero no podemos negar que precisa cuidados, tanto generales como especializados dados sus niveles de dependencia, pluripatologías y polimedicación, que deben ser prestados por profesionales sanitarios. No se pueden equiparar los cuidados que se prestan a una persona mayor en el ámbito familiar con los conocimientos y habilidades que debe tener un personal que se dedica a la atención de un número indeterminado de residentes en los centros de personas mayores.
Tampoco, según SATSE, se ha evaluado desde Familia y junto a la Consejería de Sanidad el impacto económico del coste en recursos humanos para Sacyl que tendrá el nuevo modelo asistencial que introduce el Decreto, ya que al eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, la asistencia y cuidados de estos deberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio autonómico de Salud.
SATSE denuncia también que un aspecto sumamente llamativo en esta Comunidad es que en el momento actual, con aproximadamente una dotación de 2.500 camas en residencias públicas, hay más de 400 camas que llevan años sin ser cubiertas, con situaciones realmente llamativas: en la Residencia de Palencia se disponía de una capacidad para 260 residentes y actualmente sólo dispone de 125 plazas, ya que dos plantas permanecen cerradas por obras desde el año 2010 y en el resto de plantas se han ido reduciendo el número de camas disponibles. En el caso de las Residencia Mixta de Parquesol, de las 225 camas de las que dispone, 90 permanecen sin cubrir desde su creación hace aproximadamente 25 años, con la excusa de transformarlas en camas de asistidos. La Residencia de Ávila dispone de 102 camas sin ocupar, 109 en la Residencia de León… Mientras, existen conciertos con las residencias privadas para poder cubrir las necesidades de dependencia de nuestros mayores, que tienen que esperar meses e incluso años para acceder a una plaza en una residencia pública.
SATSE considera que el Decreto citado solo favorece el negocio de la empresa privada, en un momento en que, con un envejecimiento de la población tan acentuado se ha abierto un nuevo nicho de negocio que está atrayendo a diversos fondos de inversión internacionales a adentrarse en el sector del negocio de la dependencia.
