El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que los Servicios Jurídicos de la administración autonómica evaluarán si la orden del Ministerio de Sanidad por la que se hace obligatorio el uso de mascarilla en centros sanitarios “vulnera” algunas competencias de la Junta. No en vano, dejó claro que la postura del Ejecutivo autonómico será “siempre” defender la posición de la Comunidad.
En todo caso, Fernández Carriedo aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para acusar al Ejecutivo central de “improvisación” e “imposición” con la orden, tal y como queda demostrada con el error de la fecha de su entrada en vigor. También recordó que el uso de las mascarillas, ante el incremento de los casos de los virus respiratorios, ya se utilizaba “con muchísima naturalidad” en los centros sanitarios y en otros ámbitos por parte de la población, sobre todo entre las que tiene síntomas y las personas mayores y con mayor riesgo de sufrir complicaciones ante un posible contagio.
Añadió, según recogió la Agencia Ical, que la Junta continúa con las recomendaciones del uso de todas las medidas para evitar la propagación de las enfermedades de carácter respiratorio. “No queremos que esta decisión se limite a llevar solo la mascarilla en los centros sanitarios, donde es obligatorio, sino que también se utilice, por ejemplo, en el autobús para una persona con síntomas, al igual que en las residencias de personas mayores”, precisó. Es decir, tomar precauciones adicionales para proteger a las personas residentes y evitar brotes, especialmente en situaciones de alta circulación de virus respiratorios como la que se vive en estos momentos.
La orden también recoge el fomento de medidas higiénicas y asegurar una adecuada ventilación de espacios interiores, al entender que para disminuir la transmisión a nivel poblacional se debe insistir en la importancia de las medidas higiénicas como la etiqueta respiratoria o lavado de manos.
El último aspecto recogido en la orden comunicada de la ministra de Sanidad se refiere a incrementar las tasas de vacunación antigripal y frente al SARS-CoV-2 en la población con indicación vacunal. Fernández Carriedo aseguró que esta vacunación es una medida fundamental para reducir las complicaciones y gravedad de estas infecciones, por lo que la Junta recomienda su administración en todos los grupos de riesgo, especialmente en una temporada de alta incidencia como la que estamos experimentando.
En el momento actual, la Junta continúa recomendando la vacunación de gripe y COVID-19 a la población que con mayor probabilidad puede tener enfermedad grave tras una infección por virus de la gripe y SARS-CoV-2 (sobre todo, personas de 60 y más años de edad, aquellas que residen en instituciones, embarazadas y aquellas con condiciones de riesgo y sus convivientes), así como a las personas que por su situación laboral se consideran importantes para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad. En este sentido, precisó que la Consejería de Sanidad puso en marcha, de forma novedosa, un sistema de vacunación contra la gripe para los bebés y los niños menores de seis años.
800 profesionales y 155 camas más
Además, el portavoz de la Junta destacó que el plan de contingencia de la Consejería de Sanidad para afrontar la previsible mayor intensidad del uso del sistema sanitario por la época contrató a 800 profesionales y abrió 155 camas más, que se “agudizó” con las vacaciones y días libres del persona sanitario por las Navidades. Todo ello, a su juicio, ha permitido que el sistema haya podido seguir atendiendo a los casos urgentes de otras patologías no respiratorias, a diferencia de lo que ocurrió en los peores momentos de la pandemia del COVID.
