Los procuradores del Partido Popular por Salamanca han presentado el balance de la práctica supresión del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la consecuencia que ha tenido para la provincia de Salamanca.
Con motivo del primer aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la ley, Carmen Sánchez Bellota ha informado este lunes que en total han sido 2.585 los salmantinos que se han visto beneficiados por la bonificación. "El Partido Popular cumple con su compromiso de política fiscal, inteligente, moderada y de apoyo a las familias de Castilla y León", ha apuntado la procuradora.
Igualmente, Sánchez Bellota ha indicado que a su vez ha supuesto un doble beneficio, tanto para los contribuyentes como para la propia Comunidad. Para los contribuyentes de Salamanca el ahorro fiscal, tal y como han explicado, ha sido de 18.638.813,69 euros, mientras que el importe total de la donación asciende a 135.161.582,31 euros y el importe de las autoliquidaciones a 191.015,01 euros. "Frente a la demagogia del Partido Socialista que afirmaba que la supresión del impuesto sólo beneficiaba a los ricos, más del 70% de las autoliquidaciones presentadas corresponden a donaciones de importe inferior a 50.000 euros y más del 90% se corresponden con donaciones de menos de 100.000 euros", ha expuesto.
La supresión, que desde el PSOE, tal y como comenta Sánchez Bellota, la tachaban de "injusta y elitista", la procuradora ha añadido que "se ha demostrado con los datos que hay beneficio en las rentas medias y bajas". Respecto a los servicios publicos, "que es otro de los factores que el PSOE incidía en que se verían recortados, no solo no se han visto afectados si no que seguimos siendo líderes a nivel nacional".
Del mismo modo, Sánchez Bellota ha declarado que la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones ha supuesto para la Comunidad en el 2021 un ahorro de 60.306.340 euros, "lo que se traduce en una mejora de la competitividad fiscal". Además, ha afirmado que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más que más ha avanzado este pasado año en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, ocupando la cuarta posición "solo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias".
