El responsable de Enseñanza Concertada de FeSP-UGT a nivel nacional, Jesús Gualix, ha estado presente en la mañana de este jueves en Salamanca para presentar la negociación colectiva que se está llevando para crear una nueva normativa que sustituya el Real Decreto-ley de 1985 que regula la educación concertada “y que ha quedado anticuado”.
Junto a él han estado la secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT Salamanca, Alegría Alonso, así como el responsable de Enseñanza Concertada a nivel provincial, Javier Blanco. El responsable nacional insistió en que se trata de una negociación de “máxima importancia” en un sector en que se podrían ver afectados 150.000 trabajadores a nivel nacional (y más de 1.000 a nivel provincial) y en el que es necesario “acometer un cambio en el modelo educativo que viene de los 80 y que ha tenido una mínima evolución”.
Precisamente, la principal reivindicación es la renovación del Real Decreto 2377/1985 sobre Conciertos Educativos y que, tras 33 años, es necesario actualizar, ya que eso redundaría en un mejor convenio colectivo que alcanzaría a todos los trabajadores (no sólo a los profesores, sino a todo el personal de administración y servicios).
Es una reivindicación “justa y clara” que ya se ha hecho saber al Ministerio de Educación, puesto que dicho Decreto “fue útil y reguló algo que no funcionaba entonces, pero la sociedad española ha cambiado y hay que ser consecuentes con esos cambios” que afectan tanto a la sociedad como al propio profesorado y a los planes de estudio.
Además, desde el punto de vista sindical, se trata de una normativa que tiene “carencias importantes”, si bien estas en origen no se vieron como tales y se han dado con el paso del tiempo, “que las ha puesto de manifiesto”, explicaba Jesús Gualix. Estas, hablando de cuestiones laborales, son algunas como los salarios, los sexenios o la formación continua y pagada, a lo que se suma una serie de carencias en la jornada laboral.
Sobre esto, las principales exigencias del sindicato son, como detalló su responsable nacional, alcanzar las mismas condiciones que en la enseñanza pública, de 20 horas en Educación Primaria y 18 en Secundaria, por lo que las 25 horas actuales han de regularse a la baja “para ofrecer un servicio de calidad”.
Igualmente, también reclaman que las bajas por incapacidad temporal se empiecen a retribuir desde “el mismo momento que se producen”, así como que se estructure desde el propio Ministerio la paga extraordinaria de antigüedad “y que las diferentes Consejerías no pongan dificultades a la hora de abonarla”.
Asimismo, en el nuevo convenio se buscará que la figura jurídica de pago delegado “sea para la totalidad de los trabajadores y no sólo para el personal docente”, ya que de esta manera “se ha creado una doble escala en la forma de pago, lo que crea dificultades en la propia convivencia”, opinaba Jesús Gualix.
A ello, habría que sumarle que la partida destinada a la educación concertada “ha crecido en unos límites muy inferiores a la evolución propia de la vida, creándose un desfase de en torno al 30% en los últimos 15 años”. Y no sólo eso, sino que el Real Decreto que se pretende “debería recoger aspectos más amplios”, como la jubilación parcial o el contrato de relevo, que actualmente no se dará.
Más de siete años sin reunir la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada
Jesús Gualix detalló que ya en 2011, el por aquel entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se sentó con las principales organizaciones sindicales y patronales estatales, así como con las Consejerías, y estaba bastante ultimado un proyecto de cambio normativo del Real Decreto que tenía en cuenta las diferentes reivindicaciones del momento.
Sin embargo, tras incluso llegar al Consejo de Estado, las elecciones de 2011 hicieron que el documento quedará “en agua de borrajas, se metió en un cajón y ninguno de los ministros del Partido Popular no han hecho por modificar una norma que parece de sentido común y que se ha quedado vieja después de 33 años”.
Precisamente, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada se reunió en el pasado mes de octubre después de 7 años, puesto que durante la etapa de los populares (José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo) consideraron “que no era necesario reunirse”.
Además, sobre un posible miedo a que vuelva a ocurrir que unas elecciones adelantadas eviten la implantación del nuevo acuerdo, Gualix refrendó que desde UGT “no queremos que nadie se escude en una situación de tal calibre”, por lo que instarán al Ministerio de Educación que, “de una manera urgente, afronte la negociación del Real Decreto”, si bien los contactos que han mantenido con Isabel Celaá sí les ha mostrado su acuerdo.
El acuerdo en la Educación Especial y Atención a la Discapacidad afectará a 200.000 trabajadores
El responsable de FeST-UGT también se congratuló por el acuerdo “muy importante” que se ha alcanzado para un nuevo convenio colectivo en los centros de Educación Especial y Atención a la Diversidad que afectará a 200.000 trabajadores.
Las tres cuestiones más importantes en las que redunda dicho acuerdo es un “fuerte” incremento salarial (de entre el 7% y el 20%, según la categoría), la mejora importante de derechos sociales (en términos de conciliación laboral y familiar, los permisos retribuidos o las ayudas económicas) y la mejora de la jornada laboral según categoría y centro.
Por ello, mostraron satisfacción por este preacuerdo (que ha de ratificarse en las próximas semanas) que, aunque haya dejado algún aspecto sin tratar, “cumplimos con las exigencias de las confederaciones sindicales”, que versaban principalmente en subir el salario a los que menos ganaban.
Negociar nuevos convenios colectivos, próximos objetivos
Jesús Gualix también avanzó que siguen trabajando en la negociación de otros convenios colectivos que afectan tanto a la enseñanza reglada como a la no y que son necesarios “para que el conjunto del sistema educativo funcione”.
Así, en Educación Infantil (de 0 a 3 años) están en “una situación de semibloqueo”, aunque están, poco a poco, “logrando desatascar” los desencuentros que existen. También se negociará próximamente los que rigen las enseñanzas especializadas (como artísticas), mientras que el de las universidades privadas laicas “está muy avanzado”.
