UGT ha instado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a implantar la figura del bombero forestal, al igual que ya lo tienen otras seis comunidades autónomas, ya que es una herramienta regulada por el Gobierno central desde el año 2009. Es el caso de Asturias, Navarra, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque esta última lo tiene “totalmente privatizado”.
En este sentido, el secretario general de Servicios Públicos del sindicato en Castilla y León, Tomás Pérez, ha pedido también al Ejecutivo que adapte a los tiempos actuales su modelo de lucha contra incendios, “ahora que ya nadie discute que los grandes fuegos están causados por el cambio climático”.
Junto a Pérez intervino el secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica de UGT-SP en Castilla y León, Carlos Arenas, quien señaló que en el último mes han visitado varias bases de lucha contra incendios en la Comunidad en el marco de una campaña lanzada por la central sindicato y los trabajadores les han trasladado la necesidad de más formación contra los incendios denominados de quinta y sexta generación, aquellos que cuentan con varios focos simultáneos e incluso son considerados como 'tormentas de fuego'. “Nos han dicho que estos casos han venido para quedarse”, advirtió.
Por ello, ha reivindicado la figura del bombero forestal profesional en Castilla y León que pueda trabajar durante los 12 meses para mantener limpio el monte y “evitar los grandes incendios en verano”. Y acompañarlo, dijo, de una Ley del Fuego que recoja y regule todas estas peticiones.
Aunque es una campaña de bomberos forestales, UGT pretende conocer “exactamente el modelo” de lucha contra incendios de la Junta, “que ellos dicen público-privado, pero quieren que sea privado-privado”. “Quieren que funcione lo peor posible para poderlo privatizar”, lamentó Arenas, quien incidió en la necesidad de un modelo “profesional, público y bien formado”.
A su juicio, “supondría una formación permanente que en estos momentos no existe a nivel de bomberos”. “No queremos una semana de un curso sobre cómo manejar un extintor, que es lo que se les da ahora. No se puede llegar a un incendio y ver gente que echa el agua con la manguera por encima de las llamas en lugar de a la base”, puso como ejemplo. Además, reclamó equipación adecuada, porque en la actualidad, el personal de Castilla y León “acude sin sistema autónomo de oxígeno y sin máscaras integrales correctas”.
Caída de la inversión
En este punto, recordó Pérez, por ejemplo, que la inversión en helicópteros ha caído desde los 10,3 millones de 2018 a los algo más de seis de 2020; mientras, las brigadas helitransportadas lo han hecho desde los 5,5 a los 3,5 millones. También ha caído la dedicación económica en infraestructuras, desde 90.000 a 57.000 euros en dos años; o en los planes de gestión forestal, que pasó de 84.000 euros en 2018 a dispararse en 2019 a 400.000, para volver a reducirse hasta los 300.000 euros el año pasado. Todo ello, en contraposición, frente a una caída de inversiones en la lucha contra el cambio climático que ha pasado de 50.000 a 40.000 euros en estos dos años.
“La Junta demuestra que invierte cada vez menos en la prevención, cuidado y conservación de las masas forestales”, sostuvo. En este sentido, apeló a la necesidad del Plan de Recuperación con fondos europeos, que marca como una de las claves para acceder a ellos “la protección de la naturaleza y lucha contra el cambio climático”.
“Se lo tienen que tomar en serio. El de Ávila, el peor incendio de la historia de Castilla y León y el cuarto de España, ha demostrado que el modelo ha fracasado estrepitosamente. Queremos un modelo adaptado a los tiempo”, resumió Tomás Pérez, quien lamentó que con estas decisiones la Junta “desperdicia además que esta conservación de masas forestales fije población”, dado que contrata de forma temporal a trabajadores que “vienen a malvivir a Castilla y León, subcontratados por empresas externas, y que están mal pagados”.
