UGT ha solicitado a la Dirección General de Función Pública la apertura de la negociación del Plan de Contingencia que contemple la adopción de las medidas preventivas necesarias que permitan la reincorporación de forma presencial de los servicios públicos y a la vez, garanticen la seguridad para las y los trabajadores que lo prestan y para la ciudadanía.
La reincorporación al trabajo debe guiarse por el principio de minimización del riesgo e ir pautada por un cumplimiento estricto de criterios preventivos “si queremos evitar que se produzca una dramática vuelta atrás”, señalan en un comunicado.
La adaptación de los puestos, la relación con la ciudadanía y entre los propios trabajadores, así como las medidas de seguridad necesarias (barreras físicas de separación, distancia, guantes, mascarillas, gafas, dispensadores de jabón, toallas desechables, solución hidroalcohólica…) “pueden y deben ser dispuestas con anticipación”, insisten, indicando que también requerirá de “una evaluación de riego, con especial atención a los grupos de especial vulnerabilidad. Por todo ello, se deben arrancar las labores previas de forma inmediata”.
Desde UGT creen, además, que es necesario revisar la normativa que regula el teletrabajo en la Junta de Castilla y León, a la luz de la experiencia adquirida en esta crisis, que ha supuesto su activación para la mayor parte de la plantilla. “Esta crisis ha demostrado que se puede aplicar un número mucho mayor de empleadas y empleados públicos”, valoran.
Por último, añaden que la aplicación de todas estas medidas de adaptación a la nueva realidad sanitaria que dejará la crisis del COVID-19, sería mucho más ágil y eficiente “si la Administración de la Junta de Castilla y León contase, de una vez, con un servicio de prevención propio para todas las especialidades, como constantemente reclamamos desde UGT”.
La propuesta completa se puede consultar aquí.
