"Los trabajadores que realizan su labor profesional en el sector de la ayuda a domicilio son personas altamente expuestas al riesgo de contagio por COVID-19, debido, por un lado, al constante contacto físico con sus usuarios y, por otro, a la alternancia de dichos contactos con muchos grupos de personas diferentes en lugares distintos a lo largo de cada jornada de trabajo", afirman desde la Unión General de Trabajadores (UGT).
Por eso, desde UGT han llevado a cabo un llamamiento de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que obligue a las empresas a proporcionar a todos estos trabajadores equipos de protección respiratoria de tipo FFP2 de manera inmediata.
Desde la filial castellanoleonesa del sindicato recuerdan que "a menudo, los centros de trabajo de estos empleados son los propios domicilios particulares de quienes requieren el servicio y, en ellos, no existe ningún control sobre las condiciones higiénicas y de ventilación que garantizan la salubridad de los mismos. Pese a esta circunstancia, en la inmensa mayoría de los casos, los trabajadores de ayuda a domicilio no están recibiendo los EPI’s más adecuados para garantizar su protección".
En este mismo sentido, la agrupación sindical argumenta que "aunque este servicio lo presta la Administración Pública a través de empresas privadas, con frecuencia, los trabajadores padecen una situación de precariedad en el desempeño de su labor que los expone de manera innecesaria. Por eso, desde UGTCyL han recordado también que la labor de inspección en este ámbito es una obligación de la Junta de Castilla y León para garantizar el cumplimiento de las leyes y la protección de los trabajadores".
Desde UGT solicitan a la citada Consejería que "los considere prioritarios en el orden de vacunación contra el COVID-19 con el fin de proteger su salud y la de sus usuarios, y además ofrecer mayor garantía en la prestación de un servicio fundamental".
