La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció hoy en Valladolid que la Junta de Castilla y León no renovará el concierto de las plazas en los centros de atención a personas mayores y discapacitados que hayan cometido "irregularidades" en la vacunación contra el COVID-19, al incluir en los listados personas que no eran ni residentes ni trabajadores. Blanco precisó que no habrá renovación del concierto cuando fallezca la persona que, en la actualidad, ocupa esa plaza.
Durante la presentación del decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración de Castilla y León, la consejera apostó por ser "contundentes" con las actuaciones que han realizado estas residencias, de las que dijo han tenido "muy poca ética", al igual que las personas que las han recibido esa primera dosis, pese a conocer que no formaban parte de un grupo prioritario. "Hablamos de un tema serio e importante, con personas y centros que se han soltado el orden de prioridad", sentenció.
En este sentido, aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Junta va a comprobar todas las posibles situaciones irregulares, aunque consideró que han sido "muy puntuales" y "muy excepcionales". Hasta el punto que se han abierto los primeros expedientes informativos para aplicar las sanciones oportunas si se detectan malas prácticas. "La comprobación de los listados de vacunación es un proceso que no se pueda hacer en 24 horas, con la administración de las dosis que se llevan a cabo ahora", declaró.
Además, Isabel Blanco quiso dejar claro que los centros residenciales son los responsables de la información que remiten, sobre todo en el listado referente al personal externo de los centros ya que los residentes y los trabajadores de plantilla están controlados por la Consejería de Familia.
Recordó que las personas susceptibles de recibir la primera dosis en los centros (mayores, dependientes y con discapacidad así como los trabajadores de plantilla fija) ascienden en la Comunidad a 73.400, de las que el 98 por ciento estaba "localizada", al estar tanto en las bases de datos de Familia como en Sanidad, a través de las tarjetas sanitarias. También, precisó, que en ese primer grupo de vacunación se incluyeron a las personas que realizan un trabajo externo en las residencias como los podólogos, los empleados de cocina y las contratas externas de limpieza. No en vano, precisó, que es un personal que tiene un contacto permanente o habitual con los residentes.
Isabel Blanco significó que los trabajadores de las residencias que, en su momento, rechazaron la vacunación, que la Junta ha cifrado entre el 10 y el 12 por ciento del personal, podrían recibir la primera dosis a partir de ahora. Es decir, que si alguno de estos empleados se arrepiente podría vacunarse ahora, aprovechando que los enfermeros visitan, de nuevo, los centros para administrar el segundo pinchazo. En este sentido, la consejera señaló que puede darse el hecho que durante la primera visita había trabajadores de baja médica, por otro asunto ajeno al COVID, y que ahora también se podrían beneficiar de esa vacunación.
Preguntada por su opinión por si las personas que han recibido la vacuna de forma indebida obtengan o no la segunda dosis, la consejera se limitó a comentar que no es algo que le corresponda a ella si no a las autoridades sanitarias.
