El Congreso de los Diputados ha dado un golpe de timón en la lucha por la conciliación familiar, aprobando una iniciativa que exige al Gobierno la implementación inmediata del permiso parental retribuido de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Esta decisión, impulsada por la presión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), marca un hito en la defensa de los derechos laborales y familiares en España.
La urgencia de esta medida se ha visto reforzada por la reciente sentencia pionera lograda por los servicios jurídicos de CSIF, que reconocen el derecho de una trabajadora a disfrutar de este permiso, tal y como establece la Directiva de la Unión Europea 2019/1158. Este fallo judicial, el primero de su clase en España, se suma a otra sentencia anterior obtenida por CSIF contra el Ayuntamiento de Barcelona, sentando un precedente clave en la defensa de este derecho.
Sin embargo, la implementación de este permiso no está exenta de obstáculos. El Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de haber votado en contra de la moción, ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Función Pública que regula esta cuestión, pero con importantes recortes. La propuesta socialista reduce el tiempo de permiso y las retribuciones, estableciendo un máximo de 8 semanas, de las cuales solo dos serían retribuidas. Esta medida ha generado un fuerte rechazo por parte de CSIF, que considera que incumple la directiva europea, la cual establece un permiso de 4 meses, con 8 semanas retribuidas.
La moción aprobada por el Congreso también incluye una petición para garantizar un permiso parental de 16 semanas para las familias monomarentales, con el objetivo de evitar cualquier discriminación. Esta medida busca proteger a las familias más vulnerables y garantizar la igualdad de oportunidades en el cuidado de los hijos.
La presión ejercida por CSIF y el Congreso ha puesto al Gobierno contra las cuerdas, obligándolo a acelerar los trámites para la implementación de este derecho. Sin embargo, la batalla aún no ha terminado. CSIF exige al Gobierno que no demore más la aplicación de este permiso y que garantice el cumplimiento íntegro de la directiva europea. La sociedad española observa con atención el desarrollo de este proceso, que marcará un antes y un después en la conciliación familiar y los derechos laborales.
