La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó este lunes la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para incrementar los salarios de los empleados públicos entre un 8 y un 9,5 por ciento en el período 2022-2024 porque supone una nueva “condena” a perder poder adquisitivo. Por su parte, CCOO y UGT sí mostraron su apoyo al planteamiento del Gobierno.
El Ejecutivo planteó una subida del 1,5 por ciento para este año con carácter retroactivo a 1 de enero, lo que se sumaría al 2 por ciento que se aplicó ya a comienzos de año. Además, ofrece un incremento fijo del 2,5 por ciento para 2023 y otro del 2 por ciento para 2024.
Asimismo, plantea un incremento variable para 2023 del 0,5 por ciento vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que supere el 6 por ciento, más otro 0,5 por ciento vinculado a que el PIB crezca más de un 5,9 por ciento. De esta manera, la subida salarial de los empleados públicos podría alcanzar el 3,5 por ciento en 2023 y el 2,5 por ciento en 2024 en caso de darse todas las condiciones. En el conjunto del trienio, la revalorización podría ser del 9,5 por ciento.
Pero para CSIF, en “el mejor de los casos” la subida máxima será del 7,5 por ciento, pues el 2 por ciento que ya se incrementó este año el salario de los empleados públicos ha sido “amortizado” por la elevada inflación.
Por todo ello, CSIF rechaza esta “precaria subida salarial que supone un desprecio a la labor” de los empleados públicos. “El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia”, denunció este sindicato.
Tras una reunión de la Mesa General de Función Pública, el presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó que esta propuesta del Gobierno ya es “definitiva” y que se elevará el salario este año un 1,5 por ciento más para los empleados públicos.
“Posición exigente”
No obstante, CSIF avisó de que mantendrá una “posición exigente para que el Gobierno cumpla ya otros compromisos pendientes en materia de condiciones laborales como la jornada de las 35 horas, la implantación efectiva del teletrabajo o el desarrollo de la carrera profesional”.
Además, Borra indicó que estudiará nuevas movilizaciones o incluso “otro tipo” de acciones. Asimismo, recordó que el Gobierno de Zapatero recortó el salario de los funcionarios un 5 por ciento en 2010 y señaló que el Ejecutivo actual es “inmovilista” a la hora de recuperar el poder adquisitivo de este colectivo. A su juicio, un alza salarial mayor también hubiera enviado un “mensaje” a la patronal en la negociación de los convenios colectivos del sector privado y hubiera tirado “al alza” de los sueldos.
También censuró que los salarios públicos perderán este año en torno a un 5 por ciento de poder adquisitivo. “En este país estamos acostumbrados a que cuando hay una situación de inflación, pueden subir todos los costes menos los salarios de los trabajadores”, agregó.
UGT y CCOO destacan los “avances”
El primer sindicato en respaldar esta propuesta de Hacienda fue UGT, cuyo Consejo Federal ratificó este esquema por unanimidad. El sindicato plasmó así su apoyo a la propuesta de Hacienda en la reunión de hoy.
En la misma, CCOO mostró también su apoyo a la propuesta del Gobierno. “Aun siendo insuficiente, es la primera vez que se revisa al alza la subida contemplada en los PGE, que será del 1,5 por ciento adicional con carácter retroactivo desde el 1 de enero, y que se materializará en una sola paga antes de final de año, a lo que se acompañará un acuerdo plurianual con una subida del 9’8 por ciento acumulado y un conjunto de avances en materias importantísimas demandadas por el sindicato”, apuntó.
Además de los incrementos retributivos, CCOO celebró que este preacuerdo contempla, entre otras cuestiones, el desarrollo y actualización del Estatuto Marco y Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE); cambios normativos en materia de igualdad; la derogación de los “recortes impuestos” en 2012, que contempla, entre otros, la recuperación de derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, así como el reconocimiento de los acuerdos y convenios colectivos.
También subrayó que se logra la eliminación de restricciones para la implantación de la jornada de 35 horas para todas las administraciones públicas; la plena aplicación de la clasificación profesional; la negociación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo que respecta a la modernización y digitalización de las administraciones; la mejora en el empleo público; el acceso, promoción y movilidad; el desarrollo en el ámbito de la Administración General del Estado del teletrabajo; la recuperación de la jubilación anticipada parcial, y la flexibilización de la tasa de reposición para recuperar empleo público.
