Las transferencias bancarias de cierta cuantía ya no pasan desapercibidas para el ojo fiscal. A partir de los 6.000 euros, los movimientos de dinero pueden ser objeto de revisión por parte de la Agencia Tributaria, en el marco de las normativas vigentes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta vigilancia se establece en la Ley 10/2010, que faculta al organismo a indagar en el propósito, el origen y el destinatario del dinero transferido.
Cuando la cifra supera los 10.000 euros, la normativa exige además una declaración formal, lo que obliga a los ciudadanos a justificar el movimiento para evitar posibles sanciones. La situación se complica si se trata de donaciones, ya que cada comunidad autónoma cuenta con sus propias reglas fiscales y criterios para calcular los impuestos aplicables.
Este refuerzo en el seguimiento financiero responde a la intención del Estado de garantizar la transparencia en las operaciones económicas, y de prevenir la evasión fiscal y los delitos monetarios. Hacienda insiste en que no se trata de una medida para entorpecer las finanzas personales, sino de un instrumento necesario para asegurar el cumplimiento de la ley. En un contexto de creciente digitalización del dinero, el control se vuelve más estricto.
