La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, se reunió este jueves de forma telemática con los directores generales de Formación Profesional de las comunidades autónomas y los directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), acompañados por sus respectivos equipos técnicos e informáticos, para tratar las últimas cuestiones surgidas en torno a la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP durante sus prácticas en la empresa.
“Desde el Ministerio hemos tendido la mano a todas las partes implicadas para simplificar el procedimiento y facilitar la puesta en marcha de una actuación que, sin duda, supondrá un enorme avance en los derechos de miles de jóvenes de nuestro país”, subrayó Sanz en un comunicado difundido por Ical.
La medida, diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2024, tras el vencimiento de la moratoria de tres meses solicitada por las comunidades autónomas. La previsión es que 458.959 estudiantes de Formación Profesional se beneficien de esta iniciativa el próximo año.
Durante los últimos dos años, el Ministerio ha colaborado con el MISSM para aportar su conocimiento sobre la realidad del sistema de Formación Profesional, la de los centros y la de las empresas. El procedimiento consiste en realizar un alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle su formación en la empresa. El alta podrá efectuarse hasta diez días después del inicio de las prácticas. La liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica.
En cuanto al coste, Seguridad Social bonificará el 95 por ciento de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5 por ciento restante en 2024. El gasto medio por estudiante que deberán asumir las comunidades autónomas a partir de 2025 será de en torno a 18 euros al año.
El encuentro de este jueves, al que también ha asistido el director general de la TGSS, Andrés Harto, se produce tras la celebración de cerca de dos centenares de reuniones entre representantes de la Tesorería General y de las administraciones autonómicas, según ha informado el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La medida se enmarca dentro del proceso de modernización y mejora de la calidad de la Formación Profesional impulsado por el Gobierno de España hace cinco años, que ha logrado aumentar el alumnado en más de un 35 por ciento durante este periodo hasta superar el millón de estudiantes.
