El Gobierno ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Este acuerdo es crucial para reforzar la recuperación de activos procedentes del crimen organizado, permitiendo a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder directamente a información registral esencial para el cumplimiento de sus funciones.
Firmado por primera vez en junio de 2021, este convenio "ha sido un instrumento clave" en la lucha contra la criminalidad organizada, el blanqueo de capitales y otras formas delictivas asociadas al enriquecimiento ilícito, según ha detallado en un comunicado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños.
La renovación de este convenio responde al "elevado grado de satisfacción" en la ejecución de los objetivos marcados y a la voluntad de ambas instituciones de continuar mejorando los mecanismos de localización y gestión de bienes intervenidos judicialmente. La ORGA, unidad especializada adscrita al Ministerio de la Presidencia, desempeña "un papel central en el decomiso de bienes vinculados a actividades delictivas", contribuyendo a revertir los efectos económicos del crimen y a reinvertirlos en beneficio de la sociedad.
Gracias a este acuerdo, la ORGA puede acceder "de forma ágil y segura" a la información registral necesaria para identificar titulares, hacer seguimiento de transacciones o evitar la caducidad de medidas cautelares inscritas. La colaboración con el Colegio de Registradores ha permitido, en estos cuatro años, "agilizar notablemente" los procedimientos de investigación patrimonial, reforzar la trazabilidad de los bienes y mejorar los mecanismos de cooperación judicial, tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha llevado a consolidar canales técnicos de intercambio de información que han elevado los estándares de eficiencia, seguridad jurídica y transparencia.
El Ejecutivo enmarca esta renovación en su compromiso con "una justicia moderna, eficaz y orientada al interés público", subrayando la importancia de la cooperación institucional para proteger el Estado de derecho y garantizar que los bienes obtenidos de forma ilícita no queden fuera del alcance de la ley.
