Las principales asociaciones de jueces y fiscales de España, que protagonizaron una huelga de tres días esta semana, han advertido hoy que convocarán nuevas jornadas de protesta si el Gobierno no introduce "cambios sustanciales" en sus propuestas de reforma sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía. Esta amenaza llega un día después del fin de la movilización, calificada por los colectivos como "histórica" y "sin precedentes".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)— han emitido un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, donde manifiestan su firme postura. "Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento", han señalado.
La protesta llega a Estrasburgo
Paralelamente a esta advertencia, las cinco asociaciones han anunciado que miembros de sus directivas viajarán a Estrasburgo la próxima semana para mantener reuniones clave con representantes de la Comisión y el Parlamento europeos. La agenda incluye encuentros el martes con Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); el grupo parlamentario ECR (European Conservatives and Reformists); Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.
"Estas gestiones se enmarcan en nuestra interlocución con las instituciones europeas, a quienes trasladaremos nuestra preocupación por la regresión en la independencia judicial, apelando a la jurisprudencia del TJUE y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea", han explicado las asociaciones, buscando apoyo internacional ante lo que consideran una amenaza a la separación de poderes.
Verano y huelgas: retos y percepciones
Las asociaciones han explicado que la proximidad de las vacaciones estivales y las normativas sobre preavisos de huelga han influido en su decisión de no prolongar la huelga de forma inmediata. Inciden en que cualquier movilización que afecte a servicios públicos requiere una comunicación con al menos 10 días de antelación, lo que "impide reacciones inmediatas o espontáneas".
Además, el mayor porcentaje de jueces y fiscales de vacaciones en julio "dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos", lo que puede "desvirtuar la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización". Aseguran que prolongar la huelga en este contexto no solo carecería de impacto, sino que podría generar una "falsa imagen de desmovilización", pese al "compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio".
En el comunicado, las asociaciones han celebrado el éxito de la huelga de esta semana, a la que atribuyen un seguimiento del "70%", muy superior al 31% que cifró el Ministerio de Justicia. Destacan que ha sido "un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática", que pone de manifiesto "la gravedad de las reformas legislativas en curso".
La movilización se gestó tras un paro de 10 minutos el pasado 11 de junio y una concentración de 10.000 personas frente al Tribunal Supremo el 28 de junio. Las protestas se centran en varias reformas propuestas por el Gobierno, entre ellas la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc, la reducción de la excelencia en los sistemas de acceso a ambas carreras, la atribución al Centro de Estudios Jurídicos de competencias para preparar opositores y el límite a la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales.
Finalmente, las asociaciones critican al Gobierno por su "actitud inmovilista" y por haber presentado enmiendas al proyecto de ley que "agravan, aún más, la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, afectando gravemente a la independencia judicial y a la autonomía de la Fiscalía". Especialmente preocupante, señalan, es la creación de un "proceso único y extraordinario de estabilización" para el acceso a las 1.004 plazas, que consideran basado en una "interpretación errónea de las exigencias europeas". Las asociaciones han reiterado sus disculpas a la ciudadanía por los posibles perjuicios de las movilizaciones, asegurando que su causa es la "defensa de una Justicia independiente, imparcial, profesional y al servicio de la ciudadanía".
