El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados han reafirmado su intención de seguir adelante con la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, así como con la anunciada reforma de la Fiscalía. Esta postura se mantiene a pesar de la advertencia de huelga por parte de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, quienes han anunciado paros para el 1, 2 y 3 de julio si no se da marcha atrás en estas medidas.
En un encuentro celebrado este martes con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –excluyendo a las asociaciones progresistas–, el PSOE ha expresado su disposición a "mejorar" el proyecto durante su tramitación parlamentaria.
Fuentes del grupo socialista indicaron a Europa Press que se ha comunicado a las asociaciones que están "abiertos a mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria y estudiarán cualquier enmienda constructiva que reciba". Por parte del PSOE, acudieron a la reunión Francisco Aranda, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Francisco Martínez Salmerón, secretario primero; y José María Oleaga, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
Sin embargo, fuentes de las asociaciones convocantes de la huelga han desmentido este ofrecimiento, asegurando que los socialistas se limitaron a intentar convencerles de los supuestos beneficios de la reforma sin proponer cambios concretos.
El PSOE, según fuentes internas, ha enfatizado la necesidad de respetar la "mayoría" del Congreso que rechazó la semana pasada las enmiendas a la totalidad del proyecto. Argumentan que la ley es positiva para la sociedad y para los propios togados, ya que, según sus cálculos, supondrá la convocatoria de 1.500 plazas en tres años, la mayor oferta de la historia. Además, han destacado que la ley "blinda las becas para opositores, consagra el ascenso automático de jueces y fiscales y moderniza una prueba de acceso diseñada en el siglo XIX para medir no solo la capacidad memorística, sino también la aplicación práctica del Derecho".
Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también han confirmado que el Gobierno continuará con la tramitación parlamentaria de las reformas. El ministro Félix Bolaños ha reiterado que "hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia" y confía en que "mañana será un consenso" porque la ley "amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial". A pesar de la inminente huelga, Bolaños ha expresado "máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos", a través de la red social X.
La tensión entre el Ejecutivo y una parte significativa de la judicatura y fiscalía se mantiene, con un debate parlamentario que promete ser intenso y crucial para el futuro del sistema judicial español.
