El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha dictado auto de prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, de cara al inminente juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio durante la pandemia. La decisión, que convierte a Ábalos en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión, responde a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular (PP). El instructor considera que, al enfrentarse a peticiones de condena que alcanzan los 30 años de cárcel, el riesgo de fuga de los investigados se ha disparado.
Argumentos en la vistilla judicial
La medida se adoptó tras sendas vistas de revisión de medidas cautelares que ambos tenían vigentes (retirada de pasaporte y comparecencias quincenales). El exministro, que llegó visiblemente nervioso al Supremo, aseguró al juez que no se fugaría: "No tengo dinero ni a dónde ir". Su abogado argumentó que su estatus de diputado minimizaba el riesgo de fuga y que el encarcelamiento sin condena vulneraría su derecho a la representación política, sugiriendo además que podría ser una forma de presionarle para una "declaración colaborativa". Por su parte, Koldo García también ratificó ante el juez su intención de no huir, aduciendo su arraigo familiar y añadiendo que "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco". El fiscal Anticorrupción fue contundente, señalando que la posición de Ábalos en el Gobierno no debe ser un escudo y que "ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal".
A un paso del juicio
Fue el pasado 3 de noviembre cuando el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos de material sanitario. La Fiscalía reclama penas de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Las acusaciones populares elevan la solicitud a 30 años de cárcel para ambos.
