Alba de Tormes, Villamayor, entre los municipios de más de 5.000 habitantes, y otros como Vitigudino, Ledesma, Cantalapiedra, Trabanca, Gomecello, Los Santos o Navales no han cumplido con los plazos establecidos por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en la rendición de cuentas, una obligación legal que tienen que realizar dentro del plazo legalmente establecido, hasta el 31 de octubre de 2021. Así lo determina el informe anual sobre las cuentaws del sector público local del año 2020 que ha sido presentado en las Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes de Castilla y León. Pero no son los únicos, en Salamanca el 21,8 por ciento de las administraciones públicas obligadas a presentar sus cuentas al Consejo no lo han hecho, a pesar de que es la provincia con en la que más entidades cumplen, seguida de Zamora, Palencia o Soria.
Según el informe del Consejo de Cuentas, en la región, dentro del plazo legalmente establecido, hasta el 31 de octubre de 2021, un total de 2.750 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2020, el 57,9%, lo que representa una mejora interanual de un punto porcentual. Las entidades locales que no rindieron cuentas en plazo legal (1.999) se desglosan en 680 ayuntamientos, 2 diputaciones, el Consejo Comarcal de El Bierzo, 139 mancomunidades y 1.177 entidades locales menores. Dentro de los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes fueron 13 en la región quienes no rindieron cuentas, entre ellos Villamayor y Alba de Tormes, que lo hicieron fuera del plazo establecido.
Salamanca cuenta con una lista de 77 municipios que no han rendido cuentas, diez de ellos no lo hacen desde el año 2015
Entre los de menos de 5.000 habitantes, Salamanca cuenta con una lista de 75 municipios que no han rendido cuentas, diez de ellos no lo hacen desde el año 2015, incumpliendo así gravemente la garantía de transparencia para que el conjunto de los ciudadanos pueda conocer el uso de los fondos públicos por parte de sus representantes locales y la situación económica de sus municipios”, como aseguró Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas en la comisión.
De las 394 entidades locales que en Salamanca tienen obligación de cumplir con este trámite, 308, el 78,2 por ciento lo hicieron en plazo, el resto fuera de él. La mayoría de ellos es la primera vez que no llegan en fecha, pero hay otros que llevan varios años sin cumplir con esta exigencia. Así, desde 2015 no rinden cuentas Ahigal de Villarino, Cabeza de Caballo, Calzada de Béjar, Colmenar de Montemayor, Encina de San Silvestre, Gejuelo del Barro, Horcajo de Montemayor, Miranda del Castañar, Trabanca y Valdehijaderos. Vitigudino no lo hace desde el año 2016, Lagunilla, Bermellar, Machacón, Valdelageve y Villagonzalo de Tormes desde el 2017.
Por su parte, El Cabaco, Ledesma, Poveda de las Cintas y Villaseco de los Gamitos no rinden cuentas desde 2018, mientras que desde el 2019 no lo hacen Doñinos de Ledesma, Horcajo de Montemayor, Los Santos y La Vídola. En 2020, último año presentado en el informe, no presentaron sus cuentas Bogajo, Cantagallo, Cantalapiedra, Castillejo de Martín Viejo, Colmentar de Montemayor, El Cubo de Don Sancho, Espeja, Forfoleda, Fuenteguinaldo, Gajates, Gomecello, Larrodrigo, Lumbrales, El Milano, Miranda del Castañar, Molinillo, Monsagro, Morille, Navales, Negrilla de Palencia, Palencia de Negrilla, El Payo, Pedraza de Alba, Pedrosillo de los Aires, Pelayos, La Peña, Peralejos de Abajo y Peralejos de Arriba, Pozos de Hinojo, Puertas; Puerto de Béjar, Rágama, Retortillo, Saelices el Chico, Saldeana, San Muñoz, Sanchón de la Ribera, Serradilla del Llano, Torresmenudas, Tremedal de Tormes, Valdemierque, Valsalabroso, Villaflores, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villaverde de Guareña y La Zarza de Pumareda.
Rendir cuentas, requisito fundamental para recibir ayudas del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta
La mejora en los niveles de rendición de cuentas no es ajena a medidas como la introducida por la Consejería de la Presidencia de la Junta, en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar en 2021 por primera vez como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas. En la convocatoria de 2022 se refuerza este requisito al exigirse no una declaración responsable de haber rendido la cuenta general, sino un certificado emitido por la secretaría de la entidad local de la rendición de la cuenta al órgano de control externo dentro de los plazos previstos en la normativa vigente.
Esta novedad representa el cumplimiento de una de las reivindicaciones históricas del Consejo de Cuentas para mejorar la transparencia, para beneficio de las entidades locales y del conjunto de los ciudadanos. El Consejo defiende la extensión de esta medida al resto de subvenciones y ayudas, para lo cual sería conveniente elevar el rango normativo de este requisito, subrayó Amilivia. El propio Tribunal de Cuentas ha vuelto a insistir en la necesidad de aplicar esta reforma legislativa con carácter general.
Datos de la rendición de cuentas en Castilla y León
Según el informe del Consejo de Cuentas, en Castilla y León un total de 2.750 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2020, el 57,9%, lo que representa una mejora interanual de un punto porcentual. Las entidades locales que no rindieron cuentas en plazo legal (1.999) se desglosan en 680 ayuntamientos, 2 diputaciones, el Consejo Comarcal de El Bierzo, 139 mancomunidades y 1.177 entidades locales menores. La Comunidad, que cuenta con 2.248 ayuntamientos (el 28% del total nacional) y acapara además el 60% de las entidades locales menores, presenta un 70% de media en la rendición de cuentas de los ayuntamientos, superando la media nacional, pero con margen de mejora respecto a comunidades como Galicia, Aragón o Valencia, que superan el 80% al tener establecidas medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de esta obligación.
El año pasado, recordó el presidente, comenzaron a aplicarse este tipo de medidas en Castilla y León, que suponen un avance en atención a uno de los planteamientos históricos del Consejo de Cuentas. El informe revela que 15 ayuntamientos no han rendido cuentas en diez u once ejercicios durante el periodo 2010-2020. Entre ellos, dos tienen una población de entre 500 y 999 habitantes y los restantes son menores de 500 habitantes. Es muy destacable el hecho de que, con relación al último ejercicio 2020, a fecha actual ha cumplido ya el 87% de los ayuntamientos de la Comunidad, con una horquilla que oscila entre el 75% de Segovia y el 91% de León. Le siguen a León en el ranking de rendición de cuentas los ayuntamientos de Soria (90,7%); Salamanca (89,8%); Valladolid (88%) o Zamora (87,5%). También mejoró el porcentaje de rendición de las entidades locales menores.
Entre las 918 cuentas del ejercicio 2020 que fueron objeto de revisión por el Consejo, inicialmente solo 199 se presentaron completas y sin incidencias y las 719 restantes contenían incidencias de diversa índole que fueron comunicadas a las entidades locales. Tras el proceso de subsanación por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 237, el 26% de las revisadas. Un 49% de las incidencias fueron de carácter formal, relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario y contable. El resto, definidas como sustanciales, tuvieron que ver con la coherencia de la información, en un 29%, y con la integridad de la misma, en un 22% del total.
Ejecución de los presupuestos de 2020
El informe pone de manifiesto también que entre las entidades locales se produjo un incumplimiento elevado de los plazos de aprobación del presupuesto del ejercicio 2020, con 1.771 entidades, el 64% de las que rindieron cuentas, que lo hicieron después del plazo legal establecido (31 de diciembre de 2019). Incumplimiento que también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, pero en mucha menor medida, pues en este caso son 604 las entidades que rebasan el plazo legal, el 22% de las que han rendido la cuenta general.
En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las 2.750 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron obligaciones (efectuaron gastos) por 2.530 millones de euros, que, con relación a los derechos reconocidos, con ingresos por importe de 2.743 millones, arroja un resultado agregado de 213 millones de euros. Además, el 76% de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 82% en el caso concreto de los ayuntamientos.
Los municipios gestionan por encima del 72% del total de los recursos y gastos que suman todas las entidades locales. La mitad de este porcentaje corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes que representan una cuarta parte del todo el sector público local.
En cuanto al remanente de tesorería, en el 99,1% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado un total de 1.331,8 millones de euros. Todas las diputaciones liquidaron con un remanente de tesorería positivo, al igual que todos los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. En el periodo (2017-2020) mantiene una evolución positiva, pasando de 1.003 millones a 1.332, con un incremento global del 33%.
La principal conclusión del informe es que las entidades locales de Castilla y León, analizadas de forma global, siguen gozando de una situación económica saneada. Mantuvieron en el primer año de la pandemia la senda creciente en superávit, remanentes de tesorería y fondos líquidos, mientras la deuda viva continuó su tendencia decreciente.
