Villares de la Reina y Sancti-Spíritus se encuentran entre los ayuntamientos que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, incluye en su informe anual, correspondiente a 2020, entre las entidades locales no colaboradoras o entorpecedoras.
En el caso del ayuntamiento del alfoz, contestó al Defensor del Pueblo al tercer requerimiento el pasado año, mientras que el consistorio de Sancti-Spíritus sigue sin hacerlo después del tercer requerimiento.
El Defensor del Pueblo realizó una sugerencia al Ayuntamiento de Villares, presidido por José Buenaventura Recio, de Ciudadanos, y solicitó la ampliación de información el 19 de diciembre de 2018 sobre ruidos molestos procedentes de las fiestas de Aldeaseca de la Armuña. Dos años después, el 9 de diciembre de 2020, realizó el tercer requerimiento, recibiendo el informe municipal el 11 de diciembre de 2020.
Por lo que se refiere al ayuntamiento de Sancti-Spíritus, que preside el popular Bienvenido Garduño, el Defensor solicitó información el 27 de septiembre de 2018 sobre falta de tramitación de un expediente por responsabilidad patrimonial debido a una caída producida en un local municipal. Con un tercer requerimiento a este ayuntamiento fechado el 1 de julio de 2020, sigue sin contestar tal como se recoge en el informe del Defensor del Pueblo relativo a entidades locales no colaboradoras o entorpecedoras.
Sobre la España vacía: "Es prioritario garantizar servicios públicos de calidad de forma universal"
El informe anual del Defensor del Pueblo también analiza la despoblación de la España vaciada. A juicio de la Institución, el objetivo prioritario de todas las administraciones públicas a la hora de afrontar el reto demográfico debe ser "garantizar a los ciudadanos la existencia de unos servicios públicos de calidad de forma universal".
Durante 2020, como consecuencia de la pandemia, se puso más que nunca de manifiesto los déficits de la red -problemas de cobertura y de acceso a internet- en muchos puntos, fundamentalmente en la España vacía.
Asimismo, el Defensor del Pueblo destaca que los problemas de accesibilidad y continuidad de suministro eléctrico en las zonas rurales "se producen por la falta de inversiones en la red y un marco normativo caracterizado por la ausencia de incentivos eficaces para prestar un servicio de calidad".
Fernández Marugán añade que esta institución que preside ha podido constatar una especificidad en la España despoblada "que apunta a un déficit estructural, que compromete el principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".
