El diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, ha registrado en el Congreso una iniciativa conteniendo una serie de interpelaciones para su respuesta por escrito, y en base a las recientes informaciones aparecidas en relación a la posibilidad de que elementos criminales internacionales estén intentando establecer estructuras delictivas en ciudades o municipios que no superan los 15.000 habitantes.
En este sentido, el parlamentario salmantino en un comunicado de prensa ha recordado el reciente caso ocurrido en el Ayuntamiento de Béjar, donde el alcalde del PP, Luis Francisco Martín se ha visto en vuelto en una situación “cuando menos irregular” respecto a la contratación de personal de confianza, en concreto de un grupo de asesores, uno de ellos investigado hace años por blanqueo de capitales, ajeno a la estructura del personal del Ayuntamiento y con presencia cotidiana desde el inicio de la legislatura en las instalaciones municipales con acceso libre, tal y como confirmó el propio alcalde, no solo a las instalaciones sino también a la documentación y los expedientes del Consistorio además de todo tipo de material sensible y protegido.
Serrada ha preguntado en la Cámara Baja si se están implementando medidas para evitar que los Presidentes de Diputación y Alcaldes de municipios de tamaño pequeño y mediano contraten, ya sea mediante contratos menores o como personal eventual, a personas que pudieren estar vinculados con redes delictivas internacionales.
De igual manera, el diputado socialista se interesa por saber si se ha establecido algún protocolo específico para la vigilancia y actuación preventiva en aquellas localidades susceptibles de ser objetivo de organizaciones criminales de alcance internacional para constituir cárteles delictivos.
Por último, el también secretario general de los socialistas salmantinos solicita conocer si se han iniciado acciones para reforzar la colaboración entre el Ministerio del Interior y la Administración Local con el fin de detectar y prevenir la penetración de estas organizaciones en los pequeños municipios, tras apelar a un presunto caso de este tipo en el Ayuntamiento de Béjar.
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