Según establece la Ley General de Telecomunicaciones, todos los usuarios tienen derecho a una conexión a la red pública que les permita realizar comunicaciones de voz y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. Esto supone una banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mbit por segundo, un servicio universal que debe garantizar el Gobierno.
Sin embargo, la teoría dista mucho de la realidad. Según la Secretaría de Estado para el Avance Digital, en Castilla y León hay 5.102 ‘zonas blancas’, un dudoso ranking encabezado por León (1.106), Burgos (1.062) y Salamanca, con 707. Las zonas blancas son áreas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación ni previsión de tenerlas en un plazo de tres años.
Estas zonas no se corresponden con municipios, sino con lo que denominan como Entidades Singulares de Población (ESP), es decir, la modalidad más pequeña en la que se divide el territorio. Por eso, un mismo municipio rural puede tener una o varias ESP; no equivale ni al número de municipios ni al código postal. De esta manera se explica “por qué en una misma localidad hay vecinos que disfrutan de conexiones rápidas y, en cambio, otros a pocas calles de distancia que se encuentran en una zona blanca o gris”, tal y como detallan fuentes de esta Secretaría de Estado a este periódico.
707 zonas blancas en la provincia de Salamanca
Salamanca es la tercera provincia de Castilla y León con mayor número de zonas sin internet de calidad, con un total de 707 zonas blancas que afectan, según los datos del INE de 2017, a un total de 41.698 habitantes. Estas zonas blancas se distribuyen por toda la provincia, con especial incidencia en el Campo Charro y La Sierra.
Por este motivo, hay municipios con un número grande de zonas blancas, como es el caso de Ledesma o San Pedro de Rozados, que tienen hasta 19 zonas con internet precario. Carrascal de Barregas tiene 18, aunque eso sí, se corresponden con zonas de fincas con pocos habitantes.
Otros pueblos también engrosan esta lista son: Tabera de Abajo (14), Aldeatejada (13), Mozárbez (11), Narros de Matalayegua (11), Aldehuela de la Bóveda (10), Galindo y Perahuy (9), Castellanos de Villiquera (9), Matilla de los Caños del Río (9), Topas (9), Vecinos (9), Doñinos de Ledesma (8), Garcihernández (8), Garcirrey (8), Pedrosillo de los Aires (8) o Pelayos (8).
Este problema de desconexión en el mundo rural no solo se da en municipios pequeños o pedanías. Algunos de los que tienen un mayor número de población también adolecen de problemas con su internet, como es el caso de Alba de Tormes, que a pesar de tener cerca de 5.000 habitantes y ser un destino turístico, está considerado como zona blanca.
Lo mismo ocurre con Fuentes de Oñoro, cuya precaria conectividad no solo afecta a sus 1.208 habitantes, sino aquellos viajeros que lo utilicen como paso transfronterizo. Otros afectados con un número alto de habitantes son Calzada de Valdunciel (666), Topas (549), Robleda (503). Garcihernández (469), Barruecopardo (461), San Felices de los Gallegos (428), El Cubo de Don Sancho (449), Vilvestre (436) o Valdelosa (433), entre otros.
Ayudas para desplegar la fibra óptica: 56 municipios salmantinos se verán beneficiados próximamente
El Gobierno ha concedido en 2019 140 millones de euros a nivel nacional en ayudas públicas del programa PEBA-NGA para que los operadores aceleren el despliegue de redes de más de 100 Mbps en zonas que, de otra manera, no recibirían esa cobertura al no resultar rentable para los operadores. El modelo está diseñado para procurar que queden pequeñas zonas blancas entre las zonas colindantes, o evitar que los operadores puedan concentrarse exclusivamente en aquellos municipios que les resultan más atractivos, dejando de lado otros de menor tamaño.
A pesar de que las ayudas se entregan este año, los operadores pueden tardar hasta varios años (por lo general no más de dos años) en las obras para hacer llegar la conectividad a los territorios asignados. De hecho, de la convocatoria de 2018 a la de 2019 se ha incrementado un 14% el presupuesto designado a este fin para hacer más eficiente el programa de ayudas. Castilla y León ha sido la segunda comunidad que más dinero ha recibido de estas ayudas con 27,44 millones de euros, solo por detrás de Galicia, que ha recibido 41,21 millones, según datos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
En Salamanca, en concreto, las ayudas subsanarán 69 entidades singulares de población correspondientes a 56 municipios. Los beneficiados son: Hinojosa de Duero, El Cerro, Barceo, Brincones, Encinasola de los Comendadores, Guadamiro, El Manzano, Moronta, La Peña, Peralejos de Abajo, Pozos de Hinojo, Puertas, Sanchón de la Ribera, Sando, Santa María de Sando, Valderrodrigo, Valsalabroso, Villar de Samaniego, Villarino de los Aires, Villarmuerto, Vitigudino, Yecla de Yeltes, La Alamedilla, La Alberguería de Argañán, El Bodón, Campillo de Azaba, Ituero de Azaba, Puebla de Azaba, Barruecopardo, Cabeza del Caballo, Cerezal de Peñahorcada, Mieza, El Milano, Saldeana, Saucelle, Villasbuenas, Vilvestre, La Zarza de Pumareda, Alba de Tormes, Aldearrodrigo, Aldeaseca de Alba, El Arco, Buenamadre, El Cubo de Son Sancho, Forfoleda, La Fuente de San Esteban, Garcihernández, Palacios del Azbobispo, Pelarrodríguez, Peñarandilla, San Pelayo de Guareña, Santiz, Torresmenudas, Valdelosa, Valdemierque y Zamayón.
Sin embargo, otras instituciones también conceden ayudas con el fin de mejorar la conectividad de la provincia. Es el caso de la Diputación de Salamanca, que en el pleno ordinario del pasado 30 de octubre de 2019 aprobó destinar seis millones de euros a la implantación de internet de banda ancha en los ayuntamientos de la provincia.
La Junta de Castilla y León, publicó en el pasado mes de agosto una convocatoria de subvenciones de tres millones de euros para toda la comunidad para extender las redes de acceso a Internet de alta velocidad a los habitantes de las zonas rurales más despobladas, de manera que gracias a esas ayudas, los operadores podrán cubrir hasta el 90% del coste total del proyecto.
