La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha lanzado una nueva línea de subvenciones dotada con 7 millones de euros para fomentar la contratación de personas con discapacidad en el ámbito local, especialmente en municipios rurales. Esta iniciativa, incluida en el Plan de Empleo suscrito recientemente por el Consejo del Diálogo Social, tiene como objetivo principal garantizar el derecho de estas personas a desarrollar una actividad profesional en condiciones de igualdad.
El programa constituye una apuesta decidida por la inclusión sociolaboral de uno de los colectivos que más barreras enfrenta en el acceso al mercado laboral. Además de facilitar su inserción profesional, la medida también tiene un impacto positivo en el desarrollo económico local y en la fijación de población en zonas con riesgo de despoblación.
Las contrataciones, que deberán realizarse entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2025, se formalizarán a través de entidades locales. Las personas contratadas desarrollarán obras y servicios de interés general y social en sus respectivos municipios. El importe máximo de la subvención por cada puesto de trabajo a jornada completa será de 6.908 euros, lo que cubre los costes salariales y de seguridad social correspondientes al Salario Mínimo Interprofesional vigente en 2025. Las entidades locales también podrán optar por contratar a dos personas a media jornada con la misma ayuda.
La convocatoria, financiada íntegramente con crédito autonómico, incrementa en un millón de euros el presupuesto respecto a la edición anterior. Para facilitar su gestión, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) anticipará el 100 % de la subvención concedida a las entidades beneficiarias, una medida especialmente valorada por los pequeños municipios.
La selección de proyectos se realizará en régimen de concurrencia competitiva, valorando especialmente aquellas iniciativas vinculadas al medioambiente, la mejora de espacios públicos, las nuevas tecnologías, el ocio y la cultura. También se priorizarán los municipios más pequeños, los ubicados en zonas periféricas o desfavorecidas, aquellos con mayor número de desempleados o de personas con discapacidad en situación de desempleo, así como los proyectos con mayor impacto social.
Los destinatarios del programa son personas desempleadas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, inscritas como demandantes de empleo en el Ecyl. También podrán beneficiarse los pensionistas de la Seguridad Social con pensiones de incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas con pensión reconocida por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Las entidades locales interesadas dispondrán de un plazo de 20 días naturales para presentar sus solicitudes, con el propósito de poner en marcha cuanto antes una iniciativa que conjuga empleo, inclusión y revitalización territorial.
