El Juzgado de Instrucción nº1 de Salamanca ha abierto diligencias previas con un procedimiento abreviado contra el alcalde de Villamayor de Armuña, Ángel Peralvo tras recibir una denuncia del Ministerio Fiscal y los cuatro concejales del PSOE y el edil de Vox en el Ayuntamiento de Villamayor de Armuña contra el alcalde por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En la denuncia presentada por los ediles y asumida por la Fiscalía, aseguran que fue durante el pleno del pasado mes de febrero cuando la oposición realizó varias preguntas al equipo de Gobierno sobre unas facturas que aprobadas y abonadas “sin que, aparentemente, se hubiera seguido el procedimiento legalmente establecido en materia de contratación pública, control técnico y fiscalización del gasto”. Tras ello, los ediles tuvieron acceso a los expedientes de dos obras en las que aseguran que detectaron presuntas irregularidades.
Una de las obras es la de la calle Riaza, que fue “firmada en conformidad por el alcalde, sin intervención del técnico municipal” y que “no estaba ejecutada en el momento del pago”, afirman en la denuncia y añaden que la factura se abonó el 10 de enero de este año y los trabajos se realizaron en febrero, además de que el Ayuntamiento no contaba con el acta de finalización de la obra. La otra factura es por la reforma eléctrica del campo de fútbol El Salinar. Aseguran que existen en el expediente dos facturas distintas, una con el concepto de reforma eléctrica y otra con instalación de luminarias y adecuación eléctrica. Afirman además que se incorporan tres presupuestos “después” de la emisión de la factura, que no consta albarán, acta de recepción e informe técnico alguno. Concluyen que “se abonaron 16.819 euros sin expediente de contratación ni respaldo documental que justifique la entrega del suministro”.
En el escrito de denuncia los ediles manifiestan que en el caso de la calle Riaza el alcalde alegó que se trataba de un error al creer que la obra estaba ya ejecutada.
Afirman que los hechos anteriormente narrados “reflejan un patrón de actuación irregular que vulnera gravemente la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, pudiendo constituir los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Piden que se depuren las responsabilidades penales procedentes “dada la alarma social generada y el perjuicio al erario municipal”.
Ahora será el juzgado quien investigue si estos hechos son constitutivos de un delito.
