El grupo popular de Villares de la Reina ha pedido este jueves explicaciones al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villares de la Reina tras denunciar un “posible caso de discriminación en el acceso a las piscinas municipales”. Aseguran los populares que una familia de étnia gitana no haría podido comprar entradas “bajo el argumento de que estaban agotadas, pese a que la instalación se encontraba prácticamente vacía. Tal y como relatan, momentos después se permitió el acceso a otros usuarios en las mismas condiciones”.
Ante estos hechos, el PP ha exigido una explicación al considerar que “no se puede tolerar ninguna sombra de discriminación en instituciones públicas” y que “en ningún caso puede justificarse un trato desigual basado en prejuicios o en la pertenencia a una determinada etnia”.
Por su parte, desde el equipo de Gobierno formado por Cs y PSOE, han rechazado cualquier viso de discriminación. Afirman que estos hechos no son ciertos y que el aforo de las piscinas tiene en cuenta los abonos expedidos. “La piscina municipal de Villares de la Reina tiene, en estos momentos, un aforo de 1.500 personas, que se cumplimentan gracias a los 1.320 abonos de temporada y a los 150 abonos de 20 baños” aseguran en un comunicado. “Esto hace que cada día apenas se puedan vender 30 entradas. Una vez que se venden esas 30 entradas, algo que suele suceder por la mañana, no pueden venderse más entradas, haya o no, personas en la piscina, puesto que hay que respetar el uso preferencial de los abonos”, ha afirmado el concejal de Deportes, Álvaro Coque. “Puede que un momento determinado no haya muchas personas, pero si tienen el abono o comprada la entrada, no pueden venderse más. Esto es lo que ha ocurrido en varios casos, por lo que no hay discriminación”, ha explicado.
La concejala Miryam Tobal ha recordado que los abonos “se han vendido a todas las personas sin tener en cuenta su etnia, raza o religión, como así puede constatarse, por lo que la discriminación no se da en el municipio, ni hay un trato desigual”., Por su parte el alcalde, Ventura Recio asegura que “no es cierto” y que “ningún trabajador ha recibido ni recibirá ninguna instrucción contraria a la legislación vigente ni a las ordenanzas municipales”.
