El asunto de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca continúa creciendo y tomando forma pese a que, al momento en el que se publican estas líneas, el centro sigue sin estar a punto para acoger el inicio del curso.
Las dos denuncias por acoso que destapó Salamanca24horas han traído cola y, no en vano, a lo largo de los últimos meses han ido aflorando nuevas irregularidades que tanto los responsables de la escuela de Tauromaquia como de la Diputación de Salamanca han tratado de 'limpiar' a golpe de notas de prensa.
Paralelamente, son diversos los documentos, en los que se denuncian episodios de toda índole, los que están siendo tramitados por diferentes organismos públicos.
Si bien hace apenas unos días este medio publicaba que varias familias de la escuela habían denunciado posible falsedad documental y prevaricación, elevando el caso a la Fiscalía General del Estado, ahora la Agencia Tributaria ha recibido al menos una denuncia en la que se informa de "sospecha de facturación simulada y fraccionamiento de fondos públicos".
En dicha denuncia, sumada a las anteriores, se manifiesta una "coincidencia imposible da facturación" ya que "constan en el registro contable dos facturas emitidas por proovedores distintos que presentan una identidad absoluta en sus datos de emisión". Se alega, además, "que resulta técnicamente imposible en el tráfico mercantil que dos obligados tributarios independientes emitan de forma simúltanea la misma serie y número de factura por el mismo concepto".
Es decir, y ejemplificando, dos coches distintos no pueden circular legalmente con la misma matrícula exacta al mismo tiempo.
Asimismo, el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Salamanca otra denuncia por posibles irregularidades en la gestión económica y contratación pública de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.
Finalmente, la Aministración General del Estado ha recibido un informe en el que se ha puesto el foco en el tono y contenido de las respuestas recibidas por parte de la administración, alertando de la posible existencia de comunicaciones con carácter disuasorio o intimidatorio.
Según los escritos registrados ante la Diputación Provincial de Salamanca, el denunciante sostiene que algunas contestaciones podrían interpretarse como intentos de desalentar la continuidad de las denuncias. En este sentido, considera que este tipo de actuaciones resultan impropias de una administración pública y contrarias a los principios de transparencia y buena gestión.
El denunciante subraya que estas comunicaciones no solo no responden al fondo de las cuestiones planteadas, sino que además generan un clima de incertidumbre que podría afectar al ejercicio legítimo del derecho a denunciar posibles irregularidades. A su juicio, la falta de respuestas concretas, unida a ese tono percibido como disuasorio, dibuja un escenario de desprotección institucional.
Entre las peticiones formuladas, se reclama el cese inmediato de cualquier comunicación que pueda interpretarse como intimidatoria, así como la emisión de respuestas expresas a los escritos previamente registrados.
