La Junta de Castilla y León prevé recuperar a finales de este año un total de 133 antiguas viviendas de camineros para ponerlas de nuevo en el mercado mediante la fórmula del alquiler social, diseñada para personas que tienen dificultades económicas para encontrar un hogar. Los trabajos de rehabilitación finalizarán en unos meses, tras una inversión de 17,2 millones de euros, que se financia con ayudas REACT-EU.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está acometiendo estas actuaciones en seis provincias de la Comunidad con el fin de renovar antes de que acabe 2023 las viviendas de camineros, ya que la mayoría se encontraban en “mal estado” por su “paulatino abandono” con el paso de los años. Con ello se ampliará el parque público de alquiler de Castilla y León.
Las obras, según la información a la que tuvo acceso Ical, continúan ejecutándose a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Estas viviendas forman parte de las más de 2.000 que la Consejería prevé construir, rehabilitar e incorporar en esta legislatura al parque público, tanto en venta como en alquiler, con una movilización de más de 200 millones de euros.
Por un lado, la Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones acomete la rehabilitación de 127 viviendas de camineros en distintos municipios de cinco provincias, con un presupuesto de 16,5 millones, a las que se suman otras seis situadas en Medina de Rioseco (Valladolid), que requerirán 700.000 euros.
De esta forma, Castilla y León contará con diez viviendas (pareadas) renovadas en el Barco de Ávila (Ávila); así como diez en Astorga y 28 en Valencia de Don Juan (León), todas ellas en bloque. También estarán listas a finales de año otras 12 casas adosadas en Peñaranda de Bracamoente y otras once en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Además, se contemplan otros 20 pisos en la ciudad de Soria y 22 en la capital zamorana, así como 14 viviendas adosadas en Puebla de Sanabria y seis en Medina de Rioseco.
Los interesados en solicitar este tipo de viviendas en alquiler deberán estar inscritos como titulares en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León y como requisitos se exige, además de no ser titulares de vivienda, tener ingresos de la unidad familiar inferiores a cinco veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y destinar la vivienda única y exclusivamente a residencia habitual y permanente del arrendatario y su unidad familiar.
Parque público: más de 2.000 nuevas viviendas
La Junta de Castilla y León prevé construir, rehabilitar e incorporar en esta legislatura más de 2.000 viviendas al parque público, tanto en venta como en alquiler, con una movilización de más de 200 millones de euros.
Así, en los planes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está la construcción con fondos propios –a través de Somacyl– de más de 500 viviendas de protección pública destinadas a la venta, con descuentos del 20 por ciento para jóvenes menores de 36 años, todas ellas en el medio rural, y con una inversión superior a los 65,4 millones de euros.
En régimen de alquiler, la Consejería acometerá la construcción de 1.102 viviendas del modelo ‘cohousing’ para alquiler de jóvenes, que contará con financiación europea, que habrán movilizado más de 115 millones de euros de inversión.
Además, el Programa Rehabitare aportará otras 290 viviendas al parque público de alquiler social en el medio rural, gracias a las actuaciones de rehabilitación que la Junta acomete en pequeños municipios de Castilla y León con la colaboración de las diputaciones y los obispados, para lo cual destinará 23,2 millones de euros. Al final de esta legislatura, este programa habrá incorporado 660 viviendas al parque público de alquiler en el medio rural, con una inversión global de 33,8 millones.
A estas actuaciones se suman las 133 antiguas viviendas de camineros mencionadas antes. Finalmente, la Junta ha iniciado un programa de adquisición de viviendas (especialmente de la Sareb) con la intención de incorporarlas al parque público de alquiler y ponerlas así a disposición de familias vulnerables o con dificultades económicas. En este caso la previsión es de adquirir más de 200 viviendas en la legislatura para lo que destinará más de diez millones de euros.
