En los grandes casos, la atención pública rara vez termina en el momento en que se produce el crimen. La investigación, las declaraciones, las reconstrucciones y el juicio pasan a formar parte de una conversación colectiva que se prolonga durante meses o incluso años. Mientras la sociedad busca respuestas y las víctimas reclaman justicia, los tribunales avanzan a otro ritmo, sometidos a unas reglas que exigen pruebas, garantías y presunción de inocencia.
Es precisamente en esa tensión donde sitúa su reflexión la abogada penalista María Fernanda Álvarez Pérez. Tras años ejerciendo en la jurisdicción penal y participando en procedimientos de enorme repercusión pública, con motivo de su visita a Salamanca en el marco de las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita relata a Salamanca24horas cómo considera que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho atraviesa un momento especialmente delicado.
Su diagnóstico es contundente. A su juicio, cuando una sociedad convierte a una persona en símbolo del mal, el proceso judicial corre el riesgo de contaminarse hasta el punto de que los tribunales terminen asumiendo como hechos probados convicciones previamente instaladas en el imaginario colectivo. Como ejemplo recurre al caso de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof antes de que se demostrara su inocencia.
Para Álvarez, el problema no reside en la conmoción social que generan determinados delitos, sino en las consecuencias que esa reacción puede tener sobre el procedimiento.
"Lo que dificulta el derecho de defensa no es el impacto emocional, sino el prejuicio de culpabilidad que se enquista en el proceso", sostiene.
Según explica, ese prejuicio provoca una relajación de los estándares de prueba y del rigor procesal exigibles en cualquier causa penal. Una circunstancia que considera especialmente preocupante en una época en la que, en su opinión, el proceso judicial está dejando de concebirse como una garantía frente al error para convertirse en un instrumento orientado a satisfacer una demanda social de castigo.
La consecuencia de esa evolución, advierte, es un cambio profundo en la manera de entender la justicia.
"Creo que la sociedad actual prefiere que una persona esté en la cárcel por hechos que no ha cometido a que el culpable esté en la calle. Y eso me estremece".
La sombra de los grandes casos
Buena parte de estas reflexiones nacen de su experiencia en procedimientos de enorme repercusión pública. Entre ellos destaca inevitablemente el caso Diana Quer, uno de los acontecimientos judiciales más seguidos en España durante la última década.
Para Álvarez, la dimensión mediática del caso estuvo presente desde el primer momento.
"José Enrique Abuín ya estaba condenado antes de pisar el juzgado", asegura.
La letrada sostiene que la presión informativa acompañó todo el procedimiento y que el ejercicio de su defensa se vio condicionado de forma constante por la enorme atención pública que despertó el caso.
"En todo momento", responde cuando se le pregunta si esa presión dificultó su trabajo.
Su valoración de aquella experiencia es especialmente crítica. Recuerda el procedimiento como "un espectáculo lamentable" del que trató de mantenerse alejada por respeto a la víctima y considera que existe una importante distancia entre el relato mediático y la realidad contenida en un sumario judicial.
Defender las reglas
Lejos de plantear la defensa penal como una cuestión de afinidad con el acusado, Álvarez reivindica una visión estrictamente jurídica de su profesión.
"Yo no concibo la defensa de una persona como comprensión o justificación de sus actos", explica. "La concibo como la defensa de que el Estado de Derecho funcione correctamente".
Esa idea, asegura, estuvo presente también en el caso Diana Quer. Según relata, más allá de la persona concreta que ocupaba el banquillo, lo que defendió fue la necesidad de que cualquier condena se fundamentara en pruebas y no en suposiciones.
"Lo que defendí fue la legalidad constitucional", refiere.
La abogada reconoce, sin embargo, que asumir la representación de personas que generan una enorme repulsión social tiene un elevado coste personal y profesional. "El precio es muy alto", admite.
A pesar de ello, sigue considerando que la defensa constituye uno de los elementos esenciales de cualquier sistema democrático y que renunciar a ella supondría una quiebra del propio Estado de Derecho.
La letrada resume buena parte de una entrevista marcada por la preocupación hacia el futuro de las garantías procesales y, también, por la sensación de que los grandes casos mediáticos han dejado al descubierto las dificultades de la justicia para mantenerse impermeable a las presiones externas.
Respecto al legado del caso Diana Quer, la lección que extrae sigue resultándole inquietante.
"La suposición puede fundamentar una condena y eso es muy arriesgado por los errores que se pueden cometer".
Una reflexión que trasciende un procedimiento concreto y que, para la penalista, plantea una pregunta de fondo sobre el equilibrio entre la legítima demanda de justicia y la obligación de preservar los principios que sostienen el Estado de Derecho.
