Los acusados, G.A.J., V.J.M. y R.L.J se enfrentan a penas individuales de prisión solicitadas por el Ministerio Fiscal que rozan los treinta años de reclusión, según indican fuentes judiciales.
Los hechos, ocurridos el 7 de marzo de 2017, comenzaron a las 08:00 horas de la mañana, cuando Emergencias recibió un aviso de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda situada en la calle América de Pizarrales, acudiendo al lugar los efectivos de Bomberos y las policías Nacional y Local.
Al extinguir las llamas, observaron que había una mujer de unos 50 años, de iniciales I.S.B.B., fallecida en su cama. Pero su sorpresa fue mayúscula al comprobar que no había perecido a causa del humo ni de las llamas, sino que previamente había sido apuñalada en varias ocasiones y también presentaba un golpe en la cabeza. Las heridas habían acabado con su vida antes del incendio, provocado, según se dedujo en su momento, para encubrir el crimen.
La Policía investigó la presunta relación de la fallecida con el tráfico de drogas, ya que se creía que la muerte podía deberse a un ajuste de cuentas. Y es que, dentro de la vivienda, los agentes encontraron una gran cantidad de dinero en metálico, certificándose poco después que, efectivamente, el número 14 de la calle América era un punto de compraventa de droga regentado por La Amparo.
De hecho, la investigación policial descubrió que La Amparo apenas abría la puerta de casa y comerciaba a través de la ventana. Por eso, el autor —o autores— de los hechos debían ser una persona conocida para ella, a quien abrió la puerta, y después le propinó dos cuchilladas en el cuello, un fuerte golpe en la cabeza y prendió fuego a la casa para intentar borrar así su rastro. O lo hizo a través de la ventana con dos puñaladas directas, la mujer se golpeó la cabeza al caer al suelo y después el agresor prendió fuego a la casa.
Los meses pasaron y ninguna pista parecía aparecer. O al menos así lo hizo ver la Policía, que sí estaba siguiendo a los presuntos autores del brutal crimen. Y de hecho, el 24 de mayo de 2017, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a varias personas en diversos puntos de España por su relación con el asesinato de La Amparo.
Entre todos los arrestados había una pareja salmantina, V.J.M. y R.L.J, que había permanecido huida desde entonces y que fue localizada en Madrid. Resultaron ser los padres de El Chispi, el joven que sería asesinado en el barrio del Tormes tres años después, el 29 de enero de 2020. G.A.J. , por tanto, sería su presunto cómplice en los hechos que serán juzgados desde este lunes.
Los padres de ?El Chispi? fueron enviados a prisión dos días después de ser detenidos y permanecen encerrados en reclusión provisional desde entonces.
El Ministerio Fiscal solicita para V.J.M. y G.A.J. un total de 28 años de cárcel como presuntos autores materiales del asesinato y otros dos delitos. Así para ambos se piden 20 años de prisión por el asesinato, cinco por robo con violencia y tres por el incendio de la casa. Sin embargo, para el padre de 'El Chispi', R.L.J., el Ministerio Fiscal solicita una pena menor, puesto que entiende que solamente vigiló desde fuera de la vivienda; por ello, la solicitud es de 17 años de cárcel por el asesinado, cinco por el robo con violencia y un año más por el incendio.
El juicio dará comienzo en ambas jornadas a las 09:30 horas con importantes medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19. Los acusados han llegado en un importante operativo de Guardia Civil y Policía Nacional a la Audiencia Provincial de Salamanca a las 09:11 horas y ya se encuentran preparados para el inicio de la vista.
