La Universidad de Salamanca ha presentado este miércoles el proyecto EDIMET (Empleo Digno para Mujeres Migrantes en el Espacio Transfronterizo), una iniciativa de cooperación hispano-portuguesa que ya ha comenzado a actuar para promover el empleo digno y combatir las distintas formas de explotación laboral que afectan a mujeres migrantes en la zona transfronteriza de Salamanca y Guarda.
En la rueda de prensa, celebrada en las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca a las 11:00 horas, han participado el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; la directora ejecutiva del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Politécnico de Guarda, Fátima Gonçalves; y la catedrática de Derecho Penal de la Facultad de Derecho e investigadora principal, Nieves Sanz Mulas.
“Este proyecto es muy importante, tanto por su trascendencia como por desarrollarse en nuestra provincia”, manifiesta esta última. Por su parte, Fátima Gonçalves ha hecho hincapié en lo esencial de intervenir en esta temática: “Es algo que no está explorado”, explica, coincidiendo con Mateos Roco en que “esta es una problemática que nos ataña a todos por igual”.
En concreto, el EDIMET nace para responder a una realidad muy concreta: la situación de vulnerabilidad que pueden experimentar las mujeres migrantes en contextos laborales: “Este proyecto aborda directamente estas situaciones de explotación, trabajo forzado, servidumbre y abuso, que no siempre son visibles ni fácilmente detectables”, explica Sanz Mulas. En concreto, estos casos suelen aparecer en sectores como el empleo doméstico, la hostelería, la agricultura o la estética.
Esta iniciativa de cooperación entre Castilla y León y la zona de Portugal Centro tendrá una duración de tres años y será financiado por la Unión Europea con un importe total de 1.043.000 euros. Con este presupuesto, el objetivo del EDIMET, promover el empleo digno y la inclusión socioeconómica de mujeres migrantes. Para ello, se actuará en cuatro líneas distintas: la prevención, la detección, la protección y la intervención “mediante un plan estructurado y operativo”: “Evitaremos que la explotación laboral ocurra y, si lo hace, lo detectaremos lo antes posible para después intervenir de manera efectiva”, detalla Sanz Mulas.
Todos estos objetivos se intentarán cumplir gracias a la cooperación de varias entidades y administraciones públicas. Entre ellas, se encuentran la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Guarda y Ciudad Rodrigo, junto a una amplia red de colaboración en la que participan entidades como el Servicio Público de Empleo, APRAMP o Accem. Tal y como ha explicado Sanz Mulas, “cada una de estas entidades se centrará en aquella tarea que es su punto fuerte”.
Así, la USAL asume la coordinación global del proyecto, siendo responsables del liderazgo técnico, científico y metodológico. En cambio, en el territorio portugués, esta misma posición la asume el Instituto Politécnico de Guarda. Por otro lado, las instituciones públicas facilitan la implementación territorial, mientras que las entidades sociales aportan intervención directa y conocimiento de las situaciones de vulnerabilidad. En cambio, las entidades del ámbito empresarial y la economía social conectan con el empleo real, a la vez que las organizaciones sindicales aportan la defensa de los derechos laborales.
