La Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL) ha hecho pública una declaración institucional en la que expresa su "más firme rechazo" a cualquier forma de violencia sexual, abuso de poder, manipulación, acoso o vulneración de la dignidad de las personas, tras la reciente resolución judicial dictada en primera instancia contra un profesional de la Psicología condenado por una agresión sexual a una paciente en situación de especial vulnerabilidad.
La declaración fue leída este jueves en las escaleras de acceso a la Facultad por la profesora Cristina Jenaro, acompañada por la vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez; la directora de la Unidad de Igualdad, Carmen Mascaraque; el decano de la Facultad, Juan José García Meilán; miembros de la Delegación de Estudiantes y alumnado del centro.
La preocupación de la institución se ve incrementada por el hecho de que el profesional condenado mantiene actualmente una vinculación docente con la Facultad como profesor asociado a tiempo parcial. No obstante, la Facultad recuerda que la sentencia no es firme y que existen recursos legales pendientes.
En el comunicado, la Facultad subraya que las conductas de abuso resultan especialmente graves cuando se producen en contextos marcados por la confianza, la dependencia o la vulnerabilidad, como ocurre en los procesos de terapia psicológica. Asimismo, recalca que ninguna forma de acoso, abuso o violencia sexual tiene cabida en la comunidad académica ni en el ejercicio profesional de la Psicología.
La institución también quiso trasladar su reconocimiento, apoyo y solidaridad a la persona denunciante y a todas aquellas personas que hayan sufrido situaciones de violencia sexual, intimidación o trato indigno, destacando la dificultad que supone denunciar este tipo de hechos y reclamando que ninguna víctima se sienta sola o desprotegida.
Desde el punto de vista profesional, la Facultad recordó que la Psicología se fundamenta en principios éticos irrenunciables recogidos en el Código Deontológico del Psicólogo, entre ellos el respeto a la persona, la protección de los derechos humanos, la responsabilidad, la honestidad y la prohibición de aprovechar cualquier posición de poder o confianza derivada del ejercicio profesional.
La declaración insiste además en la necesidad de garantizar entornos seguros para denunciar situaciones de violencia o abuso y recibir una respuesta adecuada por parte de las instituciones competentes.
Al mismo tiempo, la Facultad manifestó su respeto a los procedimientos judiciales y administrativos, a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución firme y al derecho de todas las partes a recurrir las decisiones judiciales.
El comunicado concluye reafirmando el compromiso de la Facultad con una práctica profesional basada en la integridad, la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos, y lanza un mensaje contundente frente a este tipo de conductas: "Frente al acoso, los abusos y las agresiones sexuales, nuestra posición es clara: tolerancia cero".
