El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado que Castilla y León pondrá en marcha planes de retorno y repatriación para inmigrantes ilegales. Pollán ha adelantado que se auditará todo el gasto público para evitar que se destine a la inmigración ilegal, se dejarán de habilitar espacios para menores y se endurecerá el régimen interno de los centros de acogida para proteger a los funcionarios.
La Consejería, dirigida en sus direcciones generales por Vox, seguirá la línea de Extremadura y Aragón implementando pruebas de edad con la Fiscalía y rastreando la existencia de familiares en España. Pollán ha justificado la medida señalando que casi el 80% de los sometidos a pruebas en Aragón eran mayores de edad y que un 18% en Extremadura tenía familia directa en el país, una situación que calificó de "inasumible".
Asimismo, ha confimado que la Junta recurrirá judicialmente la decisión del Gobierno central de elevar unilateralmente la capacidad de acogida de la Comunidad hasta 833 plazas, cuando actualmente cuenta con 153 y ya está saturada. Pollán ha enmarcado este recurso en una "oposición frontal a la política migratoria de Pedro Sánchez", a la que acusa de colapsar los servicios sociales, y defendió que la medida cumple con el pacto de gobierno firmado con el PP.
Por último, el vicepresidente ha garantizado que se respetarán las ayudas a la inmigración comprometidas para este año, aunque se revisarán exhaustivamente de cara al futuro.
